Preocupación por "redes delictuales" y numerosos reos de alta peligrosidad que han sido trasladados a Valdivia
Por Victoria Gatica / 29 de octubre de 2022 | 12:13
Por Victoria Gatica
En junio de este año, una noticia policial impactó a la Región de Los Ríos: ocho reos de alta peligrosidad eran trasladados desde Santiago 1 a la cárcel de Valdivia.
La decisión generó un rechazo transversal, con énfasis en la capital, que en el último tiempo se ha visto duramente golpeada por delitos violentos y de alta connotación pública.
El traslado movilizó reclamos de la municipalidad valdiviana, y de la Corte de Apelaciones de la capital regional, con advertencias sobre sus indeseables consecuencias sociales, tanto al interior como exterior de la cárcel.
En este contexto, Diario de Valdivia accedió a cifras detalladas a través de la Ley de Transparencia, sobre la cantidad de traslados que se han realizado desde cárceles de todo el país hacia Valdivia durante los últimos seis años.
Desde 2017, la cárcel de Valdivia ha recibido de manera continua a reos provenientes de todas las regiones del país, desde Arica a Magallanes, aunque este último con un solo registro este año, pero no por ello menor.
Según la documentación de la Dirección Regional de Gendarmería de Chile, se han realizado 2.855 traslados hacia Valdivia en los últimos seis años (con actualización hasta junio de 2022).
En este escenario, el único interno trasladado desde la Región de Magallanes hasta Valdivia, es el líder de la Operación Confederación, quien es investigado por tráfico de drogas, lavado de dinero, tenencia ilegal de armas y falsificación de identidad, con presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa en México.
El traslado desde el centro penitenciario de Punta Arenas se materializó el 19 de mayo pasado, luego de que Gendarmería descubriera un forado en un ducto, que habría sido realizado por el cabecilla de la banda.
Según datos obtenidos a través de la Ley de Transparencia, la Región Metropolitana lidera los traslados en los últimos seis años con 1.039, seguido por la Región de Los Lagos (385), Araucanía (326), y Biobío (192).
En la capital nacional, destaca que desde la Unidad Especial de Alta Seguridad, centro que agrupa a la cárcel de Alta Seguridad (CAS), la de Máxima Seguridad y el Anexo Capitán Yáber; el año pasado fueron trasladados 14 internos hasta Valdivia, totalizando 27 en los últimos seis años.
El informe detalla que en 2019 se registró la cantidad más alta de traslados durante el último periodo con 795 reos, con un desglose que incluye 212 internos provenientes desde la Región Metropolitana y 159 desde la Región de Los Lagos.
El Complejo Penitenciario de Valdivia que comenzó a funcionar el 14 de junio de 2007, fue construido para albergar 1.248 internos y nunca se ha registrado hacinamiento, una característica codiciada en medio de la compleja realidad que se vive a nivel nacional.
En un oficio de Transparencia, Gendarmería asegura que se generó un aumento del 40% de los cupos, lo que se habría aprobado en 2014, con lo que “quedó establecida su capacidad para 1.747 internos”, siendo al 14 de julio de este año, utilizada por una población flotante de 1.366 internos.
En este contexto, en junio pasado, Gendarmería confirmó que numerosos internos, que pertenecían a una banda criminal de extranjeros que operaba en el penal Santiago 1, serían trasladados hasta la cárcel de la capital regional, que según las autoridades cuenta con la capacidad de recibir a reos de alta peligrosidad.
En esa oportunidad, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto a Gendarmería, explicaron que la acción se realizó dentro de un plan de seguridad, cuyo objetivo es combatir el crimen organizado y que involucra, justamente, a imputados de alta peligrosidad.
Dicho traslado, consideró a 42 reos extranjeros que extorsionaban a otros internos nacionales primerizos en la cárcel Santiago 1, siendo trasladados a diversos recintos penitenciarios del país, entre ellos la cárcel de Valdivia, que recibió a ocho.
“Estamos en contacto con los países de origen de estos imputados”, declaró Gendarmería en un comunicado, explicando que trabajaban en un convenio que les permitiera “acceder a los antecedentes de parte de la población penal proveniente del extranjero”, que funcionaban articulados.
En la polémica instancia, las declaraciones del teniente coronel Héctor Miranda, director regional (s) de Gendarmería Los Ríos, complicaron aún más los ánimos entre las autoridades locales tras no descartar la llegada de más reos de alta peligrosidad al recinto penitenciario de Valdivia.
El alto oficial señaló que como Gendarmería entienden que la cárcel de Valdivia cumple con estándares que no tiene una cárcel convencional. “Por lo tanto, no podemos descartar ni tampoco asegurar que este tipo de traslados se van a seguir realizando”, sostuvo.
Un mes después, el 21 de julio, la senadora por Los Ríos, María José Gatica, ofició al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, manifestando su preocupación por el traslado de internos de alta peligrosidad hasta Valdivia, “dado el nivel con que han sido catalogados por la misma administración penitenciaria y del Gobierno”.
En el oficio, la legisladora solicitó conocer “los motivos y criterios adoptados para su traslado y seguridad en el recinto”.
Como respuesta, desde Gendarmería entregaron una serie de explicaciones. “El CP de Valdivia se encuentra clasificado como “Alta Nivel I”, que significa que reúne las condiciones de infraestructura para realizar una buena segmentación de la población”, señalaron.
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Además, aseguraron que el centro contaba con 413 cupos disponibles para recibir población penal a la fecha de traslado (25 de junio de 2022)”, agregando que Santiago 1 registraba una sobrepoblación de 112,6%, “lo que justifica la decisión de esta administración y de los demás penales designados”.
Dentro del desglose del traslado de los ocho internos a Valdivia, desde Gendarmería puntualizaron que todos se encuentran segmentados en el módulo Nº1 que corresponde a imputados con medidas de seguridad personal.
Y agregaron: “El objetivo de efectuar este traslado fue separar a los integrantes de estos hechos delictivos, los que en su conjunto conformaban una banda, pero por separado permite su desarticulación (...) cualquier situación de inseguridad puede ser debidamente controlada, sin descartar la posibilidad de reevaluar un nuevo traslado de ser necesario”.
Quien se sumó a las críticas en dicha oportunidad, fue la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, quien indicó que el traslado de reos debía ir en concordancia con la dotación de efectivos policiales.
Y agregó: “Es sabido que las redes delictuales se coordinan también desde el interior de las cárceles. En eso no podemos arriesgarnos a perder una batalla que estamos dando hoy contra la delincuencia”.
Hasta junio de 2022, se trasladaron 74 internos desde la Región Metropolitana hasta Valdivia, mientras que en todo 2021 fueron 54. En este punto, destaca Colina I y II, con 18 trasladados en los últimos dos años.
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Las alarmas trascendieron incluso otros poderes del Estado, y en julio pasado el tribunal pleno de la Corte de Apelaciones de Valdivia, manifestó su preocupación al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El pleno del tribunal de alzada de Los Ríos –integrado por el presidente, Luis Aedo Mora, y los ministros María Elena Llanos, Samuel Muñoz y María Soledad Piñeiro – declaró:
“Ofíciese al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a objeto de manifestar la preocupación de esta Corte por el traslado al Complejo Penitenciario de Valdivia de internos de alta peligrosidad, dado que es conveniente que estas medidas se adopten tomando en consideración no solo aspectos administrativos, sino que también la injerencia e impacto que aquellos internos puedan generar al interior del recinto penal concesionado, el que hasta la fecha no ha reportado grandes dificultades en su gestión y manejo, lo que podría verse alterado con la incorporación de esa nueva población penal. También parece necesario tener en cuenta el impacto que dichos traslados pudieran tener en la comunidad social respectiva”, consigna la resolución.
Uno de los hechos expuestos, hace referencia a la seguridad de los internos. Un mes posterior a la solicitud del tribunal de alzada -el 27 de agosto- un reo fue asesinado por otro interno dentro del centro penitenciario de Valdivia.
La Fiscalía de Valdivia, confirmó que el deceso se produjo a raíz de una herida penetrante torácica que fue investigada por la Policía de Investigaciones (PDI). El bullado suceso se registró al interior del módulo 43 de la cárcel cerca del mediodía y el agresor finalmente fue identificado.
Independiente de las opiniones locales, las cifras no parecen decaer.
Desde Arica y Parinacota han llegado ocho internos hasta junio de 2022, equivalente a más del doble de los años anteriores. En lo que va del año, desde Coquimbo llegaron 13 internos, versus cinco en todo 2021. Cifra que se eleva los años anteriores con 22 en 2020 y 21 en 2019.
La senadora María José Gatica, asegura a Diario de Valdivia, que comparte el criterio de la Corte de Apelaciones de estar en alerta por el traslado de reos de alta peligrosidad a la cárcel de Valdivia.
“Es complejo no solo para la población penal, sino también para los funcionarios del recinto y también la comunidad que siente miedo debido a la crisis de seguridad que vivimos en el país”, explica.
Y agrega: “El problema es que la llegada de estas personas puede provocar alteraciones en un recinto que tiene altos estándares de eficiencia y tranquilidad. Por lo mismo me reuní con el director de Gendarmería regional y también he oficiado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que nos expliquen las razones de estas decisiones”.
Finalmente, la parlamentaria manifiesta: “Esperamos realmente que Valdivia no se convierta en una especie de patio trasero del delito porque no podemos seguir recibiendo a reos de alta peligrosidad solo por tener una cárcel que funciona mejor que otras del país. En vez de tener estímulos por eso nos están castigando injustamente”.
En esa misma línea, el diputado Marcos Ilabaca, quien se reunió en conjunto con el senador Alfonso de Urresti, con la Ministra y Subsecretario de Justicia, asegura que el planteamiento de la preocupación que existe respecto al traslado de internos a Valdivia, ha sido permanente.
“La reunión fue hace un par de meses, cuando existían rumores de que habían sido trasladados reos que pertenecían al ‘Tren de Aragua’, porque no es posible que Valdivia sea un receptáculo de criminales de alta peligrosidad”, explica.
Y añade que solicitó un informe al subsecretario de justicia y Gendarmería de Chile. “Para que nos informe respecto a todos los reos que han sido trasladados a Valdivia desde otros penales del país, considerando penal de procedencia, tipo del delito por el cual ha sido imputado, nivel de peligrosidad de acuerdo a los parámetros que Gendarmería posee”.
Lo anterior -argumenta- debido a que a su juicio, es necesario tener claridad de este tipo de situaciones.
“Lo que se produce cuando se trasladan criminales que son líderes de bandas, es que se desarrolla una migración delictual, porque muchas veces esas bandas se trasladan en conjunto con sus líderes”, puntualiza Ilabaca.
El parlamentario concluye con una declaración enfática, asegurando que hoy existen cerca de 100 bandas operando a lo largo del país dentro de las cárceles.
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