Serie de reportajes revela detalles inéditos de adopciones forzadas en el sur de Chile
Por Eva Rocha / 17 de abril de 2022 | 13:00
Por Eva Rocha, Vasti Abarca y Mario Guarda.
El año 2014 la prensa chilena sacó a la luz casos de adopciones forzadas de niñas y niños chilenos, que fueron enviados al extranjero durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Los casos se registraron en distintas regiones del país, entre ellas, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.
El problema adquirió interés público a partir de una serie de denuncias de familias que responsabilizaron al sacerdote Gerardo Joannon como intermediario en procesos de adopciones consideradas como irregulares.
El área de Reportajes de Grupo DiarioSur, indagó en las decenas de testimonios de madres que denuncian que sus hijos les fueron arrebatados durante este periodo, casos que serán presentados en una serie de reportajes, en donde se detallarán las denuncias que involucran a la zona sur del país.
La investigadora Karen Alfaro de la Universidad Austral, comenzó a trabajar en la documentación de casos desde el 2014, tras conocer el testimonio de la madre del paillaquino Alejandro Quezada, arrebatado de los brazos de su progenitora y enviado en adopción a una familia holandesa en 1979.
Durante estos años, víctimas de estas adopciones se pusieron en contacto y crearon la fundación Hijos y Madres del Silencio (HMS), cuya red de apoyo se extiende por todo el país y ayuda en la búsqueda de hijos y madres que fueron separados.
La vocera y fundadora, Marisol Rodríguez, comenta a Diario de Valdivia que todo el equipo que compone la red son víctimas de estas adopciones. “Tenemos casos de los años 50 hasta el 2000, y posterior al 2000 están apareciendo varios casos a lo largo y ancho de todo Chile”, relata la vocera de HMS.
Desde el punto de vista de Alfaro, no se trata de adopciones irregulares o ilegales, dado que ocurrían con o sin el consentimiento de las madres, pero se realizaron bajo el amparo de la ley y esos niños se fueron principalmente a Europa, por extranjería y portando un pasaporte.
“Todo era legal, los niños tenían una identidad y en algunos casos esa identidad era como la de un niño extranjero bajo la tuición de un tercero”, explica.
“La mayoría eran hijos de madres solteras por lo que tenían un solo apellido y, al llegar, los padres adoptivos iniciaban los trámites en un juzgado de adopción”, agrega Alfaro.
En esos juzgados, no siempre se informaba que se había legitimado la adopción de un niño chileno, debido a que no era obligación dejar un registro.
Marisol Rodríguez considera que se trata de “adopciones ideológicamente falsas” y enfatiza en el rol de las funcionarias del municipio en el proceso.
“Los papeles los hacía una asistente social, entonces estos niños quedaban como susceptibles de adopción, pero muchos de esos papeles no decían las verdaderas historias” de los menores y sus familias, asegura la vocera de HMS.
Según su relato, los documentos de adopción aseguraban que las madres entregaban a sus hijos porque eran alcohólicas o simplemente porque eran pobres, lo cual no siempre era cierto, debido a que no los entregaban de manera voluntaria.
También señala que a algunas de esas madres les dijeron que sus hijos habían fallecido y ahora han aparecido en otros países.
“En el sur pasó mucho que a las mamás que trabajaban, que eran pobres, la asistente social les decía que les iba a ayudar con su familia ‘tú deja los niños en una guardería’, y esos niños después desaparecían”, detalla Rodríguez.
Para comprender la dimensión de la red que operó en esos tiempos, es necesario contextualizar que por esa época, Los Ríos y Los Lagos eran parte de una misma región.
En conversación con nuestra red, Alfaro pone énfasis en el contexto histórico y cultural que alberga esta práctica que se profundizó en los años 70 y 80, donde destaca la creación del Hogar de la Madre Campesina en 1976.
La doctora en Historia relata que se trata de un periodo en que la pobreza, el analfabetismo, la violencia sexual en el campo, la ruralidad y la cultura patronal convertía a estas “madres-niñas” en un blanco muy vulnerable frente a la institucionalidad.
“La dictadura también luchaba contra las formas de crianza de la población mapuche. Lucía (Hiriart) visitó esta zona capacitando sobre cómo se debería revertir el hecho de que los niños estuvieran descalzos o que tomen pecho a edades avanzadas”, asegura.
Bajo la mirada de la investigadora, había una focalización por parte de la dictadura para intervenir en la zona dada las características de la población.
Todo esto en un contexto de gran desigualdad social, considerando que en 1970, el 20% de la población vivía en la pobreza, cifra que en 1987 se elevó al 38%.
Según la académica, en la zona sur existen denuncias en las comunas de La Unión, Panguipulli, Valdivia, Paillaco, Puerto Montt, Chiloé y Coyhaique. Todos lugares donde, a través de instituciones como hogares y hospitales, bajo el amparo de organismos del Estado o de órdenes religiosas, captaban a mujeres vulnerables.
“La característica de la región es que acá operó una monja llamada Gertrudis, que fue la principal captadora de niños, pero no exclusivamente. En La Unión también hay denuncias contra órdenes religiosas y hogares de madre campesina”, explica Alfaro.
La historiadora menciona que se pagaban guarderías infantiles particulares para mantener a los niños que habían sido separados de sus madres. “Sacaban las guaguas recién nacidas del hospital y ahí las tenían de paso un par de semanas y luego las trasladaban a Santiago”.
En ese sentido, la académica apunta al rol de la monja holandesa Gertrudis Kuijpers y relata que ella ocupaba la red de la iglesia católica para llegar a hogares de madres y menores.
“Las iglesias funcionaban de alguna manera a través de la supuesta solidaridad, tenían poder importante en la población. Entre las involucradas estaba la iglesia adventista, los mormones y algunas órdenes religiosas italianas”, detalla.
Alfaro explica que en La Unión, operaba una orden francesa y holandesa, quienes enviaban a los niños a Europa, mientras que los adventistas los mandaban a Estados Unidos.
Rodríguez confirma lo investigado por Alfaro. “Hay una red entre personas, monjas, curas, asistentes sociales, médicos, gente que trabajaba en los registros civiles y así, una cantidad”, asegura.
Alfaro agrega que en estas zonas los alcaldes designados por la dictadura eran parte de esta red patronal y eso hacia que muchas veces, para ocultar una violación, estas niñas eran enviadas a los hogares de madres campesinas por un patrón de fundo a través de la asistente social del municipio.
Maritza Solís, coordinadora de zona de la HMS, explica que en ese tiempo los funcionarios de los hospitales tenían mucha autoridad, por lo que las mamás no se atrevían a discutir si era cierto o no que su guagua había muerto.
“Se iban a su casa con la angustia de pensar que la guagua murió pero que no lo iba a poder enterrar. Eso lo usaban, era un modo que tenían de hacer las cosas, engañar a las mamás”, asegura.
La académica asegura que no existe una cifra detallada sobre las adopciones forzadas, pero se estima que son más de 20.000 a nivel nacional y, según le informó la Policía de Investigaciones (PDI), solo se han recepcionado alrededor de 7.000 denuncias.
En las historias de vida que ha podido conocer Alfaro, se van repitiendo relatos, lugares y personas, siendo nombres comunes las asistentes sociales Minerva Silva (Paillaco) y Lucía (Valdivia) además de la figura de la monja Gertrudis.
Solo en la actual Región de Los Ríos, la investigadora ha documentado alrededor de 25 testimonios, pero sabe que son muchos más, mientras que colabora con la investigación que lleva adelante el magistrado Mario Carroza.
A pesar de que han pasado décadas desde que se realizaron estas adopciones, la realidad no ha cambiado para todos. “Varias de estas madres siguen viviendo en los mismos fundos de las personas que gestionaron la partida de sus hijos y eso impide que hablen o denuncien”, menciona Alfaro.
La crudeza de lo vivido, en otros casos no se denuncia porque es doloroso y además es un tema tabú hablar de sexualidad, de incesto, de abuso por parte de familiares, agrega la académica.
El saliente Gobierno de Sebastián Piñera, anunció durante enero la creación de un plan piloto que busca agilizar el encuentro de familias víctimas de estas adopciones. La iniciativa contempla el trabajo conjunto del Servicio Médico Legal, el Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil.
Los testimonios y relatos de personas afectadas por esta red de adopciones acompañarán esta serie de reportajes, indagando en una herida que aún no sana.
El caso de Yoli, cuya hermana habría sido vendida por $11.000 y enviada a Alemania hace más de 30 años, será el centro del próximo reportaje de la serie preparada por el área de investigaciones periodísticas de Grupo DiarioSur.
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