Por Vasti Abarca, Eva Rocha y Mario Guarda.
Ángela Pérez falleció en 2014 con la herida abierta de una esperanza que mantuvo por 48 de sus 82 años. “Mi guagua me la quitaron”, reclamó hasta el día de su muerte, según recuerda uno de sus hijos, José Aravena, querido exconcejal de Paillaco, conocido entre los suyos como Negrito José.
Ese día, un nublado 4 de junio, Paillaco entero lloró la pérdida de Ángela. Cientos de personas llegaron a su pequeña vivienda, que se ensanchó para recibir el abrazo de los vecinos.
Ante la multitud, José leyó una breve biografía de la vida de su madre, donde destacó los valores que los transformaron en una de las familias más queridas de la ciudad, donde llegaron en la década de los 50.
“Humildad, honestidad, esfuerzo, solidaridad y responsabilidad”.
Ángela se fue de este mundo en medio del cariño de su comunidad, pero también con total incertidumbre sobre el destino de su hija menor.
Una herida que se mantuvo en la intimidad de la familia Aravena Pérez hasta el día de hoy, en que decidieron hacer público su relato como parte de la serie de reportajes “Mujeres-niñas, las otras víctimas de la dictadura”.
En conversación con el área de reportajes de Grupo DiarioSur, José relata que tiene latente la preocupación de su madre por su hija menor, quien tan solo al nacer, fue arrebatada de los brazos de Ángela en el Hospital de Valdivia.
“Le dijeron que la guagua nació muerta y que no se la entregarían porque había salido con deformaciones”, explica José.
El ex concejal asegura que Ángela insistió. “Mi mamá reclamó para que se la entregaran igual para poderla velar y sepultar, pero se negaron”, agrega.
“Le dijeron que ya la habían echado a una fosa común”, lamenta José, quien atribuye la declaración a una doctora del hospital. Ante esto, sostiene que su madre, lejos de aceptar las explicaciones, siempre tuvo seguridad de que su hija estaba con vida.
“Mi guagua me la quitaron”, decía Ángela, según recuerda José, agregando que encontrarla siempre fue la “eterna esperanza” de su madre.
El paillaquino asegura que cuando hace algunos años salieron a la luz los primeros casos de adopciones forzadas, él y su madre ya tenían “certeza de que la situación era así”.
José recuerda que su hermana menor nació en diciembre de 1974, y su madre ya había decidido el nombre, se llamaría Pascuala, porque casi era Navidad.
“Mi mamá siempre decía: cómo estará mi hija, yo siento que mi hija está viva, yo sé que tiene que estar viva”, vuelve a recordar José y explica que Ángela tuvo 11 hijos, de los cuales nueve nacieron en casa y solo dos en un hospital. Uno de ellos fue Pascuala.
Las acusaciones de Ángela, de las cuales ahora se hace eco José, no son aisladas y se condice con el modo en el que operaba la red que se dedicaba a captar a menores para darlos en adopción durante la época de la dictadura cívico-militar.
Según las conclusiones del informe sobre la investigación por sustracción de menores y adopción irregular que presentó en 2018 el ministro en visita, Mario Carroza, fue “posible observar diversas formas de sustraer a un niño/a de su grupo familiar de origen”.
En ese sentido, el texto entrega ejemplos “reiterados”, como que “al momento del parto le informaban a la madre que el recién nacido nació muerto y con malformaciones, por lo que no es adecuado que lo vea”.
El informe continúa con que “como se trataría de un nonato, no se le entregaba certificado de parto ni el cuerpo para su inhumación. Le informaban que sería enterrado en una fosa común o sería sujeto de investigación para la ciencia”.
La familia Aravena Pérez asegura que no tiene mayores antecedentes sobre la menor de ellos, Pascuala. No hay rut, no hay certificado de nacimiento ni defunción, caminan buscando a ciegas, solo motivados por la esperanza que les traspasó su madre.
En el documento del ministro Carroza, se constata que “pese a que no existe en la práctica una legislación que regule la adopción internacional hasta 1988, la tramitación consistía en acreditar la situación de abandono del niño o la voluntad manifiesta de la madre de librarse de su obligación de crianza”.
Sin embargo, matiza que “se ha podido verificar la existencia de información distinta de los informes sociales que sustentan las sentencias” que dieron luz verde a estas adopciones, al contrastar con la información “consignada en los antecedentes del Servicio de Registro Civil”.
Estas conclusiones le dan esperanza a José y su familia, en la que tanto el padre como la madre ya partieron de este mundo y ahora son los hijos quienes continúan con la promesa de encontrar a la menor de ellos.
En este andar, José encontró un aliado al otro lado del mundo, específicamente en Holanda: Alejandro Quezada, uno de los casos emblemáticos de las víctimas de adopción forzada en Paillaco, quien hace ocho años andaba en búsqueda de sus orígenes y viajó por primera vez a Chile.
“José está conectado a la profundidad de la causa, él es una persona que tiene un corazón tan grande, que a veces me sorprende cómo un corazón tan grande cabe en su pecho”, dice Alejandro, quien lidera la organización Chilean Adoptees Worldwide.
“Él realmente siente nuestra causa en su corazón porque él mismo es un hermano que busca a su hermana”, agrega el activista, quien junto a su organización están enfocados en las adopciones forzadas que se registraron en Chile.
Alejandro y José se reunieron en Paillaco, donde comenzaron a dar los primeros pasos para poder encontrar a Pascuala. En ese primer encuentro, Alejandro quedó fascinado con su pequeña ciudad de origen.
José, que en ese momento era concejal, fue un gran guía turístico y es que, además, no se trata de cualquier paillaquino.
Conocido como el Negrito José, no avanza una cuadra sin saludar con una tremenda sonrisa a a quien se cruce por su camino. Es el amigo del barrio, a quien muchos recurren cuando están en apuros.
Alejandro no dudó en buscar la manera de poder devolverle la mano.
La organización que lidera Alejandro desde Países Bajos, busca lograr encuentros entre hijos e hijas con su madre biológica a través de muestras de ADN.
Alejandro cuenta con un kit para tomar este tipo de muestras, el cual en su formato es similar a los test que se utilizan para detectar covid-19, y que tiene un costo de unos $70.000.
Consiste en dos hisopos donde cada uno se pasa por la parte interior de la mejilla durante 45 segundos, lo que permite recopilar los datos necesarios para poder determinar la conexión biológica entre quienes entreguen sus muestras.
Confiado en este sistema, José fue uno de los primeros que dio el paso y entregó su muestra de ADN con la esperanza de poder encontrar a su hermana menor. Alejandro viajó preparado y trajo algunos kit en su visita a Chile.
La muestra fue enviada a Estados Unidos, al laboratorio MyHeritage, el cual según explica Alejandro, es el único que hace envíos a Chile.
En sus cálculos, siete personas han podido encontrar a su familia a través de este sistema. Sin embargo, son cientos las muestras que han sido despachadas al laboratorio.
El cuello de botella está en que para poder tener resultados, ambas partes deben haber enviado su ADN, por lo que si una persona que fue dada en adopción nunca envía su muestra, es probable que nunca existan resultados.
En ese sentido, Alejandro explica que hay hijos que no están buscando a sus madres, debido a las irregularidades en el proceso por el que fueron enviados al extranjero.
“Hay personas que han encontrado en sus documentos de adopción que fueron abandonados por su madre, lo que les llena de rabia y piensan que no tienen motivos para buscar sus orígenes”, explica Alejandro.
“Sin embargo, según la información que tenemos de la investigación que lleva la Policía de Investigaciones (PDI), nosotros sabemos que casi la totalidad de esos documentos fueron hechos en base a mentiras y falsedades”, lamenta.
En ese sentido, en su informe, el ministro Carroza asegura que se identificaron “sentencias en las que se entrega la tuición definitiva o medida de protección a matrimonio extranjero, no siendo notificados los padres biológicos de ella, certificando su ejecutoria y autorizando su salida del país en forma inmediata”.
De tal manera, muchas madres y familias no se enteraron del momento en que el menor fue sacado del país, teniendo que resignarse a que había muerto, según lo que se les informaba en muchos casos por los funcionarios responsables.
Pese a todo, Alejandro tiene la esperanza de que el caso de José avance.
“Si la búsqueda resulta, la hermana que se perdió va a llegar a una familia tan cariñosa, tan grande de corazón”, suspira.
Sin embargo, hay realidades que van más allá de la ilusión. “Tenemos esperanza, pero hay que ser realistas”, matiza.
José dice que el día en que su madre murió, él hizo un compromiso.
“Ella se fue con la ilusión, me comprometí a seguir buscando a mi hermana porque fue la preocupación de sus últimos años y días”, relata.
“Insistía en que su hija estaba viva, que la busquemos, que la quería ver”, lamenta José, recordando nuevamente las palabras de Ángela, su madre.
El ex concejal explica que las muestras de ADN son el único avance que tienen. “Pero es necesario que mi hermana también entregue las suyas para poder encontrarnos, o sino, no pasará nada”, concluye.
Si necesitas ayuda sobre las adopciones forzadas que se registraron en el sur del país, puedes escribirnos a prensa@diariosur.cl para ponerte en contacto con organizaciones de la sociedad civil, que colaboran con las víctimas.
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