En horas de la mañana de este martes 3 de septiembre, se efectuó la audiencia de formalización del exrector de la Universidad Austral de Chile, Oscar Galindo Villarroel, imputado por el delito de administración desleal.
Se trata de una investigación que data del 2022 cuando la universidad se querelló por supuestos delitos durante su gestión, acusando a Galindo de no informar al directorio de la casa de estudios superiores sobre la contratación de servicios del escultor Mario Irarrázabal.
En la audiencia, el Ministerio Público solicitó al Tribunal decretar la medida cautelar de arraigo nacional contra el imputado.
Sin embargo, tras analizar los argumentos del ente fiscalizador, este no logró acreditar la configuración del delito, por tanto, la resolución del magistrado Pablo Yáñez Gómez, no acogió dicha solicitud.
La defensa de Galindo, expuso que la adquisición de esculturas de Mario Irarrázabal, fue mandatado por el directorio de la universidad de acuerdo a un plan debidamente elaborado para tal fin, y no como una determinación única del entonces rector Oscar Galindo.
"El representado acá no empieza a obrar por sí y solo ante sí, abusando de sus facultades para contratar a un escultor, sino que lo que ocurre acá es que recibe un mandato del directorio de llevar y ejecutar adelante un proyecto que iba a ser muy beneficioso para la ciudad de Valdivia, y particularmente iba a colocar a la Universidad Austral en un lugar privilegiado desde el punto de vista de la difusión del arte y la cultura", dijo.
Por ello se contrató al escultor a fin de proveer 270 esculturas que serían expuestas bajo el concepto de “museo humano”, es decir, abierta al público y conectada con la naturaleza. “Este proyecto hoy día lo está desarrollando la Universidad Católica, bajo estos mismos términos”, agregó la defensa.
Se agregó que existen tres informes emitidos por una sección especializada de la PDI de Valdivia, que concluyen que no hay indicios suficientes para que se configure el delito de administración desleal ni apropiación indebida y por tanto, no existiría perjuicio patrimonial a la universidad.
Ante los argumentos, el magistrado expresó: "No vislumbro el perjuicio para la universidad, no vislumbro tampoco la existencia de dolo en términos de administración”.
Y complementó declarando que no hay: “Elementos suficientes para justificar la existencia del ilícito y la participación dolosa, entre comillas, del señor Galindo”, por lo que rechazó la medida cautelar de arraigo nacional.
Por último, se dio un plazo de 120 días para la investigación del caso. Concluido dicho plazo, el Ministerio Público estimará si formulará o no acusación fiscal.
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