El 1 de abril de 2022, Helmuth Palma ingresó al municipio de Río Bueno con la responsabilidad de asumir el rol de administrador municipal, tras su experiencia como seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en el segundo mandato de Sebastián Piñera.
Su segunda experiencia en el servicio público fue un camino más bien rocoso, tras la detección de irregularidades en términos monetarios (alrededor de 1.100 millones de pesos) dentro del municipio, ya sea por la licitación de proyectos o bien por gestiones de la alcaldía sobre cuentas corrientes.
Esto último fue expuesto en auditorías externas, la primera en 2018 y la segunda en 2022, que reveló la existencia de cuentas corrientes en el Banco Santander, ajenas a la utilizada por el municipio, además de arriendos de edificios municipales y concentraciones de órdenes de compra.
“Mi gestión siempre fue ajustada a la norma. Cuando me tocó detectar situaciones de irregularidad representé a mi jefatura, que en este caso es la alcaldesa, esperando que tomara acciones a partir de las graves situaciones que me estaba tocando detectar. Finalmente se tomó el camino contrario y terminé siendo desvinculado del municipio”, señala Palma a Diario Río Bueno.
Esta situación fue denunciada a Contraloría, lo que llevó a la desvinculación del administrador de su cargo en el municipio, cuya alcaldesa, Carolina Silva, determinó fue por falta de fiato y porque Palma no acataba las órdenes que ella le encomendaba.
“Había una discrepancia en las situaciones irregulares que ocurrían al interior y yo hacía lo que correspondía según la normativa, por lo tanto, si se me indicaba una orden que yo ejecutara y no estaba acorde a la norma, obviamente yo iba a hacer otra cosa”, afirma el ex administrador municipal.
En el caso de estas cuentas corrientes, se relaciona directamente con la investigación en contra de la empresa Gestión Global SPA, que estableció un contrato con el municipio riobuenino en 2017, bajo la administración del ex alcalde Luis Reyes.
Esta empresa es propiedad de Rodrigo Carmona, quien se encuentra en prisión preventiva acusado de elaborar un esquema de sobornos que mantiene además con medidas cautelares a los alcaldes de Ñiquén, Manuel Pino y a César Figueroa, de la comuna de San Ignacio por delitos de cohecho, soborno, malversación de fondos y fraude al fisco.
“A mí me ha generado un costo político porque he tenido que ir contra mi sector, pero no me arrepiento, porque estoy haciendo lo correcto, lo que corresponde”, manifiesta el ex funcionario municipal.
En agosto de 2022, el Consejo Regional de Los Ríos aprobó el proyecto “Mejoramiento y Estabilización del Talud calle Beauchef”, cuyo monto ascendía a 953 millones de pesos del FNDR para llevar a cabo las obras.
En febrero de 2023, la Empresa Ingeniería Verde SPA se adjudicó la licitación del proyecto, tras postular al concurso correspondiente bajo los requisitos establecidos por el municipio.
Los problemas comenzaron en abril de 2023 cuando el Concejo Municipal de la comuna consultó el porqué las obras aumentaron en costo a una suma sobre los 1.500 millones de pesos.
Las dudas se multiplicaron cuando bajo diversas investigaciones, se determinó que esta empresa ganó la licitación habiéndose formado recién el 11 de enero del 2023, cuyo capital constaba de un millón de pesos y obteniendo el mayor puntaje en términos de experiencia en obras.
“Para mí lo más importante con lo que está pasando a nivel local y nacional, es que la ciudadanía de una vez por todas tome conciencia de lo que significan los recursos públicos y eso nos afecta a todos y por lo tanto, exija la transparencia y la responsabilidad en la utilización de los recursos públicos”, sostiene Palma.
Y es que resulta que el mismo municipio pagó por una consultoría para cotizar cuánto costaría este proyecto, a través de un diseño de la obra, arrojando como máximo un valor cercano a los 650 millones de pesos, incluyendo las ganancias para la empresa más IVA incluido.
Aún más sospechas levantó el hecho de que la empresa que se adjudicó el proyecto, tiene como representante legal a José Luis Accardi, quien fue seremi de Minería en el segundo período de Sebastián Piñera.
Actualmente el caso se encuentra bajo investigación de Contraloría, cuya resolución inicial indica que el proceso no se ajustaba a derecho, ordenando a la municipalidad a ponderar la inhabilitación de esta licitación.
Recordemos que en este mismo tema, y a solicitud de concejales de la comuna de Río Bueno, el senador por la Región de Los Ríos, Iván Flores García, se reunió con el contralor regional, para conocer los avances de la investigación, luego que la municipalidad local se negara a invalidar un contrato millonario, el cual, de acuerdo al ente contralor, no se habría ajustado a derecho.
Al respecto, el parlamentario expresó que: “Recordemos que después de varios dictámenes de la Corte Suprema finalmente la Contraloría no puede instruir, pero sí, habiendo mérito, debe sugerir. Y eso fue exactamente lo que hizo”, dijo.
En una respuesta dada a conocer el 8 de agosto pasado, la Municipalidad de Río Bueno dio a conocer que no invalidará la licitación por las obras el proyecto “Mejoramiento estabilización Talud Calle Beauchef", cuyo presupuesto es cercano a los 1.500 millones de pesos.
Fue Contraloría quien sugirió iniciar un procedimiento de invalidación de la licitación, cuyas obras se encuentran en ejecución, tras constatar que la propuesta ganadora, adjudicada por el municipio a la empresa Ingeniería Verde SPA, excedía por 644 millones de pesos la inversión inicial.
“El resultado de dicha consulta fue claro por parte de Contraloría, al no constatar irregularidades de ese tipo”, se afirmó en el documento municipal.
“Para tranquilidad de esta entidad edilicia y de la comunidad en general, todo el proceso se realizó con estricta sujeción a las bases y a la ley que regula las compras y contrataciones públicas en Chile”, aseguraron desde la casa edilicia.
“Informamos que hemos decidido no iniciar un procedimiento de invalidación administrativa de la licitación ya adjudicada, lo que fue comunicado oficialmente a Contraloría Regional de Los Ríos, pues estimamos que el proceso se ha ajustado a Derecho, existiendo situaciones jurídicas consolidadas y derechos adquiridos de terceros”, explicaron.
“Por lo tanto, se optó por darle continuidad a las obras, las que presentan un significativo avance”, afirman. “Buscamos el bien superior, que en este caso es la concreción de una obra anhelada por la ciudadanía”, agregaron.
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