Caso cotizaciones falsas: concejales decidirán futuro del alcalde Lavado y administrador cuestionado

Cinco concejales, de seis, respondieron las consultas de Diario Futrono, tras lapidario informe de Contraloría que confirma irregularidades. Más de uno se inclina por acudir al Tribunal Electoral Regional.

El informe de la Contraloría Regional Los Ríos que confirmó una serie de irregularidades cometidas al interior del municipio de Futrono, en el caso de las cotizaciones falsas, instruye a los concejales referirse sobre las responsabilidades del alcalde Claudio Lavado al respecto. 

Los ediles recibieron los antecedentes del caso esta semana y se encuentran estudiando los extensos informes y documentos emitidos por el órgano contralor, para pronunciarse sobre el futuro del alcalde. 

Aparte de ello, el propio jefe comunal debe decidir si aplica las sanciones que propone Contraloría a los funcionarios sobre los que se acreditan responsabilidades, incluyendo la destitución del administrador municipal Cristóbal Kunstmann.

Lo anterior tras una investigación iniciada en junio del año 2021, originada en una denuncia dada a conocer en noviembre del año 2020 por un empresario valdiviano, quien acusó ante la Contraloría, que al interior de un departamento municipal fueron falsificadas al menos tres cotizaciones de su empresa de limpieza, las que fueron publicadas en el portal de Mercado Público. 

Diario Futrono habló con cinco de los seis concejales de la comuna, y esto es lo que plantean:
 

“La ciudadanía espera sanciones ejemplificadoras"

Concejal Fernando Flández (PPD): “Contraloría hizo su trabajo, ahora nosotros los concejales debemos hacer lo que nos corresponde: aprobar los términos que expuso Contraloría y enviar los antecedentes al Tribunal Electoral Regional (TER) para que aplique sanciones al alcalde.  

La ciudadanía espera sanciones ejemplificadoras como garantía de que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir, hoy los concejales tenemos la oportunidad histórica de corregir lo que se hizo mal”, señala el concejal.  

Asimismo, en lo que atañe a la sanción que Contraloría propone sobre la destitución del administrador municipal, dijo que el alcalde Lavado debe dar cumplimiento a dicha sanción. 

“Si el alcalde quiere dar una señal clara de probidad, cumplirá con las instrucciones de Contraloría, y si no lo quiere hacer nosotros como concejales podemos hacer uso de nuestras facultades en consecuencia a la gravedad de los hechos, el Concejo no puede mirar a la pared y hacerse cómplice”, afirma.

Por otra parte, lamenta la situación que viven algunos funcionarios que se han visto afectados por acatar las órdenes del administrador municipal, y llamó a sus colegas concejales a ser responsables con la decisión que tomen sobre la situación del alcalde Lavado. 

“Espero que la totalidad del Concejo, en especial los concejales de la misma línea política del alcalde decidan con responsabilidad y enviemos los antecedentes al TER para que sea sancionado, recordemos que esta es la tercera vez que el alcalde es inculpado por faltas a la probidad”, señala refiriéndose al caso parquímetros y al caso del ITP Llifén.

“En este proceso ya no caben descargos”

La concejala Rebeca Asenjo (RN) es enfática en que Contraloría fue muy clara y no hay lugar a interpretaciones. 

“Tengo una sola postura respecto a leyes, reglamentos y dictámenes, y es que hay que cumplirlos.

Hay un tremendo trabajo de una fiscal que estuvo dos años haciendo esta investigación sumaria, estoy revisando el expediente y en este proceso ya no caben descargos respecto a la resolución del contralor y se lo dijimos al alcalde”, expresa Asenjo.

La concejal dice estar en espera de cuál va a ser la decisión del alcalde respecto a la aplicación de la resolución del contralor para los funcionarios que indica. 

“Si el alcalde no va a aplicar los términos de la resolución, tiene que presentar muy buenos argumentos para decir por qué no la va a aplicar, y lo mismo para el Concejo porque el Contralor nos pasó la responsabilidad para que nos pronunciemos sobre la responsabilidad administrativa que se acredita sobre el alcalde”, explica.

“No tiene muchas alternativas”

Una línea similar expresa el concejal Camilo Céspedes (IND), quien explica que el informe de Contraloría es claro y preciso respecto a las sanciones que señala para funcionarios y el administrador municipal. 

“El alcalde no tiene muchas alternativas, Contraloría nos dice que hay faltas graves, su postura debiera ser que no puede hacer caso omiso a lo que Contraloría está pidiendo”, expresa.

Sobre el pronunciamiento que tendrá como concejal sobre las responsabilidades del alcalde, declara: “Aquí hay responsabilidades del alcalde y, lamentablemente, si se tiene que ir al TER va a tener que irse al TER”.

Derecho a réplica

Por otro lado, el concejal Sergio Solís, del mismo partido del alcalde (UDI), declara que son hechos lamentables y hay un informe lapidario de un fiscal que involucra a funcionarios municipales, especialmente al administrador municipal.

“Se hizo una investigación, yo creo que se tiene que acatar lo que dice el informe, y también dar derecho a réplica a los afectados para que puedan entregar sus pruebas de lo ocurrido”, señala.

“Hay que determinar en forma interna en la municipalidad los pasos a seguir, es lamentable porque hay familias detrás (de los funcionarios) y hay que ser bien responsables con eso", agrega.

Al consultar sobre la eventual destitución del administrador municipal, que el alcalde debiera ejecutar, Solís dijo: “Hay que esperar el final, hay que esperar las dos versiones de los hechos y luego hacerse uno una opinión de esto", dijo. “También está el derecho a réplica”, insiste.

Quien no comparte dicha perspectiva es la concejal Pamela González (DC), quien explica: “He consultado y me han dicho en primera instancia que después de este informe no hay nada más que consultar o apelar, pero están diciendo que no es así”, plantea.

En tanto, la concejal Leonila Sáez (UDI), entregó palabras a radio Biobio señalando: “Si se cometieron errores, obviamente se tienen que llevar a cabo lo que Contraloría diga".

Sáez avaló los términos del informe del ente contralor dado que entregó las pruebas de las irregularidades tras dos años de investigación. “Solo decir que hay que llevar a cabo los procedimientos”, concluyó.

¿Concejo de carácter público o reservado?

Pamela González dice que remitió una solicitud al alcalde para efectuar un Concejo extraordinario para tratar el tema, el que fue respondido y efectivamente se fijaría una sesión extraordinaria para la próxima semana.

“Él no se había pronunciado en lo absoluto, pero dio respuesta a mi solicitud”, agrega la edil, aunque aclara que aún no se sabe si esa sesión será abierta a la opinión pública o bien de carácter reservado.

Tanto el concejal Flández como la concejal Asenjo concuerdan que la deliberación y decisión del Concejo debe ser abierta a la ciudadanía. “La confianza de la gente hacia el municipio está dañada, por eso ese Concejo debe ser de carácter público”, dijo Flández.

“Esto debiera ser tratado en un Concejo abierto a la comunidad, no tiene sentido hacer un Concejo reservado”, afirmó Rebeca Asenjo.

El concejal Céspedes presenta una postura más cauta frente a la posibilidad: “Me inclino por una sesión de Concejo de carácter reservado, quiero ser muy responsable con lo que estoy diciendo, porque hay que respetar a las familias de funcionarios, hijos e hijas, eso es muy delicado”, argumenta.