Desincentivar el ingreso de los elementos prohibidos a las cárceles y que precisamente permiten que el delito continúe incluso tras las rejas, es el propósito del proyecto de ley que esta semana destacó el diputado Bernardo Berger.
“Los últimos, han sido días noticiosos en lo legislativo. Logramos aprobar el Bono Clase Media y un nuevo Préstamo Solidario para la protección de los ingresos. También, se resolvió el aplazamiento de las elecciones, que finalmente serán el 15 y 16 de mayo. Ambas eran medidas apremiantes, dada la situación nacional que estamos viviendo”
“Pero entretanto, hay otros temas igual de importantes que aquejan a la ciudadanía: el crimen, la delincuencia y el narcotráfico, indiferentes al sufrimiento de millones de chilenos y que desgraciadamente no cesan ni en pandemia”, subrayó.
En tal sentido, Berger destacó “una iniciativa que aprobamos y que ahora pasó a tercer trámite, que aumenta las penas a quienes ingresen, intenten o permita ingresar a un establecimiento penitenciario, elementos tecnológicos prohibidos que faciliten comunicarse con el exterior”.
“Y es que lo sabemos. Muchos de los delitos se siguen cometiendo, incluso coordinando, desde el interior de las cárceles chilenas, facilitados por la filtración de equipos como celulares a través de los cuales verdaderas bandas hacen de las suyas, especialmente en el campo del narcotráfico”.
En allanamientos de Gendarmería entre 2019 y el primer semestre del 2020 a dependencias de reclusión de internos y lugares comunes, se lograron 6.836 hallazgos de elementos prohibidos, de los cuales 6 correspondieron a teléfonos celulares, 34 fueron municiones, 4 a armas de fuegos o alguna de sus partes, y 2 explosivos.
En el registro a visitas en el mismo periodo, se produjeron 521 incautaciones de elementos prohibidos, 120 de los cuales fueron celulares, junto a lo que se catalogó como “sustancia vegetal de color verdoso” (268 eventos) y “sustancia de color ocre” (133 eventos). “Pero más grave todavía es que se descubrió a siete abogados ingresando elementos a los presos, seis de los cuales eran celulares y uno droga”, indicó Berger.
“De ahí que este proyecto es importante por cuanto busca desincentivar esta práctica y aumenta las penas no sólo a quienes ingresen elementos -presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, 61 días a 3 años-, sino que además, cuando esta acción es cometida por abogados, procuradores o empleados públicos como gendarmes, recibirán en forma adicional la sanción de suspensión y hasta la inhabilitación absoluta temporal para el ejercicio de la profesión, el cargo u oficio”.
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