Que los productores silvoagropecuarios puedan seguir emitiendo guías de despacho en papel es, a juicio del diputado RN Bernardo Berger, un avance que viene a alivianar en algo la carga que sufre el sector por la vigencia plena de la Ley N° 21.131 de Pago a Proveedores a 30 días.
"Es que las condiciones de accesibilidad electrónica en gran parte del campo son aún dificultosas. Entonces, castigar más con una exigencia que no reconocía las diferencias propias de producción y de vida, era no sólo una injusticia social, sino también un nuevo gravamen implícito a sus actividades", aseveró el legislador.
La modificación se vio la semana pasada en la Cámara Baja, que había aprobado el proyecto en primer trámite. "Sin embargo, enmiendas introducidas en el Senado, "a nuestro parecer le cambiaron el sentido completo al proyecto y terminaron complejizando innecesariamente su camino a ser ley. Tanto, que debió constituirse una comisión mixta –diputados y senadores- para zanjar. Espero que en breve podamos resolver, pues de no hacerlo nos alcanzará la entrada en vigencia fijada para el 17 de enero".
Hasta ahora, el Congreso resolvió mediante votación la semana pasada que la vigencia se postergará en 180 días –hasta julio de 2020-. Además, se reemplazó el término “agropecuario” por “silvoagropecuario” para hacerlo más amplio.
Igualmente, se reafirmó el beneficio de exclusión para quienes no tienen acceso a realizar la guía por vía electrónica por problemas de conectividad, cosa que a juicio de Berger "no es rara en el sur donde influye la ubicación, los accidentes geográficos, la ausencia de cobertura de datos móviles, la falta de electricidad o la pertenencia a una zona de catástrofe".
Eso sí, se propuso desde el Senado que el Servicio de Impuestos Internos (SII) dicte anualmente resoluciones que individualicen a los contribuyentes con problemas como los citados, así como la posibilidad que cualquier productor fundamente la existencia de estas dificultades, para continuar con el régimen de las guías de papel.
Lo que no generó consenso, según el legislador por Los Ríos, fue la idea del Senado de una “tabla de tolerancia” con las diferencias máximas de precio y tara entre guías y facturas, según el tipo de producto transportable. El rechazo rotundo -4 votos a favor, 113 en contra y 3 abstenciones- fue lo que obligó a conformar la comisión mixta que deberá proponer un nuevo texto consensuado esta semana.
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