"Sin autorización", fue la conclusión lapidaria de una investigación desarrollada por la Armada tras la denuncia de la construcción ilegal de una rampa y muro de contención en una playa del sector Quillín de Lago Ranco.
El tema fue discutido en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, que preside De Urresti, con la presencia del ministro de Bienes Nacionales, donde se entregaron detalles de la investigación realizada por la Capitanía de Puerto del Ranco, a cargo del teniente Alejandro Montes.
El documento establece que se trata de una ocupación ilegal de la playa, bien nacional de uso público, en el sector de Quillín, Lago Ranco, Región de Los Ríos, por parte del señor Ricardo Ovalle Rivera", por lo que se ofició a la Gobernación del Ranco, con el objeto que ordene el desalojo con el auxilio de la fuerza pública.
A LA BREVEDAD
El parlamentario además subrayó que el “Gobernador Provincial, Alonso Pérez de Arce, debe ejecutar a la brevedad orden de desalojo al privado que construyó obras sin autorización en sector Quillín, en el lago Ranco. Autoridad debe defender el patrimonio natural y propiedad pública de las riberas de nuestros lagos”.
De Urresti enfatizó a Diario Lago Ranco que era necesario que la Armada tuviese mayor diálogo con los dirigentes y organizaciones sociales “Aquí hay gente con redes y contactos, con poder. Estas personas abusan. Es importante seguir investigando. Tiene que haber más trabajo de fiscalización y se debe escuchar a los vecinos”, aseveró el senador.
BIENES NACIONALES
En la ocasión, el ministro Julio Isamit reconoció que había muchas personas que realizaban ocupaciones ilegales de las playas. “La cantidad de gente que sostiene que hay playas privadas o que los dueños de los predios ribereños son dueños de las playas es insólita. Estamos en una campaña informativa para decir que en Chile no hay playas privadas, todas las playas son públicas. Es deber del Estado garantizar el acceso de la comunidad a las playas”, expresó la autoridad sectorial.
Finalmente, el dirigente social de Lago Ranco, Eduardo Calisto, expresó que era importante que este tema fuese analizado en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. “Nos informamos que ya se ofició a la Gobernación Provincial para el desalojo. Es importante que la autoridad informe en qué plazo ejecutará esta orden”, dijo.
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