Qué es el caso "Cuentas Corrientes" y cómo se involucró el exdirector de Serviu Los Ríos

Es un complejo caso que implica la participación delictual de funcionarios municipales de distintas comunas del país, además de un exconcejal y dos alcaldes. Conoce detalles en la nota.

El jueves 21 de septiembre el Juzgado de Garantía de Bulnes dejó con medida cautelar de prisión preventiva al director del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Ríos, Rodrigo Enrique Sepúlveda Espinoza, imputado por los delitos de soborno y cohecho. 

La noticia causó sorpresa a nivel regional y desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se pidió la renuncia no voluntaria a Sepúlveda, indicando que los hechos por los que se le imputa son anteriores a su desempeño en Los Ríos y no eran de conocimiento del ministerio. 

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, es quien está a cargo de la causa por orden del fiscal nacional, Jorge Valencia, en un complejo caso que implica la participación delictual de funcionarios municipales de distintas comunas del país, además de un exconcejal y dos alcaldes. 

Los delitos que se imputan a Rodrigo Sepúlveda 

¿Qué se sabe hasta ahora del caso y cómo el ahora exdirector del Serviu Los Ríos se vio involucrado? Lo primero, que los ilícitos se habrían perpetrado en el marco de procesos de licitación de cuentas bancarias realizados al interior de los municipios de Hijuelas y Bulnes entre abril del 2021 y marzo del 2023.

Rodrigo Sepúlveda ha ejercido diversos cargos a nivel municipal, tanto en San Clemente, como en Pencahue, Hijuelas y Constitución, también fue seremi de Vivienda de la Región del Maule, entre 2014 y 2017. Además fue asesor legislativo del exdiputado Pablo Lorenzini y consejero regional por la provincia de Talca.

Según el ente persecutor, Sepúlveda Espinoza, entre los meses de junio y julio del 2022, mientras se desempeñaba como director del Departamento de Salud de la Municipalidad de Hijuelas habría ofrecido actuar como operador político en favor de Global SPA. 

Dicha empresa es de propiedad de Rodrigo Carmona Olivarez, y Sepúlveda habría recibido dinero con el propósito de influir a su favor en un proceso de licitación de viabilidad financiera y mantención de cuentas corrientes, que finalmente favoreció a la empresa de Carmona Olivarez.  

Según la investigación, el plan era lograr que el municipio eligiera a la consultora de Carmona, la que estaría contratada para levantar un estudio que finalmente permitiera elegir al banco que ofreciera las condiciones más convenientes para mantener las cuentas corrientes municipales, modelo de acción que se replicó en distintas municipalidades.

Producto de ello Sepúlveda Espinoza habría recibido, a través de una transferencia bancaria, al menos el pago de dos millones de pesos, lo que se concretó en marzo del 2023, momento en el que ejercía el cargo de director del Serviu en la Región de Los Ríos.  

Hasta ahora se sabe que la empresa Gestión Global SPA ha firmado contratos con alrededor de 70 municipios, comenzando a operar como empresa en 2012.

Otros imputados

Cabe consignar que en la misma causa que investiga el Ministerio Público han sido formalizados con anterioridad el empresario Rodrigo Andrés Carmona Olivarez, imputado como autor de los delitos de cohecho, soborno y fraude al fisco, su colaborador, el exconcejal Rodrigo Sandoval Terán, por el delito de estafa, soborno y cohecho. 

También el alcalde de la comuna de San Ignacio, César Alberto Figueroa Betancourt y el funcionario municipal Edgardo Antonio Suazo Jiménez, imputados como autores de los delitos de cohecho, falsificación de instrumento público y fraude al fisco. Asimismo, el alcalde de Ñiquén, Manuel Pino Turra, imputado por el delito de cohecho. 

El funcionario público Krysler Sebastián Monroy Castillo, imputado como autor de los delitos de cohecho y fraude al fisco; Hugo Basthian Troncoso Salazar, imputado como autor del delito de cohecho y el funcionario de la Municipalidad de Ñiquén, Carlos Bernabé Fernández Aedo, imputado por los delitos de violación de secreto y cohecho.

El jueves 21 de septiembre, la magistrada Claudia Aguayo Dolmestch ordenó el ingreso de los imputados Rodrigo Sepúlveda y Salvador Marcelo Lavagnino Humeres, jefe de proyectos del Departamento de Administración de Educación de Bulnes, al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y por la gravedad del delito y la pena asignada. 

Lavagnino Humeres, entre los meses de junio del 2021 y julio del 2022, mientras ejercía como administrador municipal en Bulnes, aceptó recibir beneficio económico de parte del empresario Rodrigo Carmona para favorecerlo en el proceso de licitación de viabilidad financiera y mantención de cuentas corrientes que finalmente se adjudicó.

El tribunal fijó en siete meses el plazo de investigación, que rige desde el 18 de abril del presente año, fecha de la primera formalización asociada a la causa.