Este viernes 2 de junio se realizó la audiencia de formalización de ocho imputados por delitos de tráfico de drogas, de los cuales seis quedaron en prisión preventiva.
Esta causa tiene su antecedente en una investigación focalizada que llevó a cabo la unidad Sacfi de la Región de Los Ríos, en conjunto con personal de la Brigada Antinarcóticos y crimen organizado de la PDI.
Esto fue confirmado por el fiscal Alex Montesinos, quien señaló que las ocho personas fueron formalizadas por los delitos de tráfico ilícito de drogas, asociación ilícita para el tráfico, teniente ilegal de armas de fuego prohibidas y tenencia ilegal de municiones.
“Se solicitó la prisión preventiva de siete de estos ocho sujetos, decretándose dicha medida cautelar por peligro para la seguridad la sociedad respecto de seis de ellos”, puntualizó el fiscal.
La investigación se basó en el análisis de dos estructuras criminales: “Tanto en la región de Valdivia, como otra en la Sexta región, que trabajaban en conjunto a fin de abastecer de droga a distintos traficantes y micro traficantes de la comuna de Valdivia”.
Estas organizaciones funcionaban de la siguiente manera, como lo explicó el fiscal Montesinos: El grupo que vivía en la Sexta región, importaba la droga principalmente de Paraguay y Argentina, internándola al país presuntamente a través del paso Libertadores.
Posteriormente, un transportista que formaba parte de esta organización se encargaba de trasladar la droga en distintos vehículos para hacerla llegar a Valdivia, donde era distribuida entre
“Era entregada a distintos sujetos que previamente concertaban, justamente, esta remesa y posteriormente ellos distribuían esta droga entre distintos traficantes y micro traficantes, también de la ciudad”, describió el fiscal.
“Esta estructura se analizó por parte de la Fiscalía y se determinó, justamente, que existían roles bien definidos de parte de los integrantes de esta asociación, había una jerarquía, que quedó de manifiesto también en las escuchas telefónicas”, agregó el fiscal Montesinos.
Además, la investigación demostró que esta asociación ilícita tenía permanencia en el tiempo de por lo menos un año.
El tribunal fijó un plazo de cuatro meses para la investigación. “La Fiscalía va a reunir más antecedentes que dicen relación con otros sujetos relacionados y también para afianzar los antecedentes que ya existen respecto a la imputación de los sujetos ya formalizados”, concluyó Montesinos.
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