14 ex estudiantes del Instituto Técnico Profesional de Llifén, comuna de Futrono, interpusieron una demanda contra el Fisco y la municipalidad de Futrono por impartir una carrera que no contaba con la validación de rigor.
La acción judicial fue presentada en el Segundo Juzgado Civil de Valdivia, exigiendo una indemnización de perjuicios por un total de 700 millones de pesos.
Juan Ramón Roa, abogado representante de los demandantes, explicó que se presenta la demanda por el engaño del que fueron víctimas estos estudiantes, "ya que la especialidad de Servicios de Hotelería nunca estuvo autorizada para ser impartida en dicho instituto”.
Durante los años 2019 y 2020, los alumnos cursaron dicha carrera técnico-profesional, sin embargo a fines del año 2020 se percatan de una serie de irregularidades que los llevan a descubrir que la mencionada carrera no contaba con el debido reconocimiento del Ministerio de Educación.
“Este engaño, fue descubierto por los propios estudiantes”, explica el abogado, detallando que una de las estudiantes fue quien dio la alarma al comenzar a gestionar el proceso de ingreso a la educación superior 2021.
“Obtuvo su certificado de estudios, en el cual ella aparecía como que había sido estudiante del Liceo Técnico de Valdivia, y que había optado a la licenciatura de enseñanza media humanista-científico”, señala Roa.
Además la estudiante no aparecía como alumna regular en el establecimiento de Llifén, sino bajo la modalidad de “validación de estudios”.
“Con ese antecedente todos los demás estudiantes sacaron su certificado y se dieron cuenta que al parecer la especialidad nunca fue, no entendían nada”, declara el abogado.
Juan Ramón Roa agrega que, presionados por esta situación, el último día del año 2021 tanto el director del Daem de Futrono, como el director del establecimiento, “reconocen este engaño ante los estudiantes”.
La demanda se interpuso contra la municipalidad de Futrono “que es la autora de este engaño”, dice Roa. “Y al Fisco de Chile por permitir que esto sucediera, por no fiscalizar oportunamente, y porque en la Seremi de Educación de ese entonces, estaban al tanto de lo que estaba sucediendo”.
Entre los antecedentes que respaldan la demanda esta el resultado de una denuncia que los apoderados de los alumnos afectados interpusieron ante al Superintendencia de Educación de Los Ríos, la que concluye que hubo una ilegalidad, por lo que la municipalidad fue sancionada.
Por otra parte la Contraloría regional determinó que efectivamente hubo una serie de infracciones. Por último, se interpuso una querella contra los funcionarios municipales que estuvieren implicados en esta situación, investigación que está en curso.
“Sabemos perfectamente que esta indemnización de perjuicio no es suficiente para reparar el daño provocado en estos jóvenes estudiantes, ya que se les vio truncado su futuro profesional y les generó un daño emocional inconmensurable”, concluyó el abogado.
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