El diputado Miguel Mellado (RN), expresó su preocupación por los últimos hechos registrados en Licanray, donde desde el pasado 12 de diciembre un grupo de personas ha intentado restringir el ingreso de embarcaciones al lago Calafquén, argumentando que contaminan las aguas del lago.
“Antes, quiero fijar un punto; creo que es de suma urgencia y relevancia, estudiar e implementar medidas de forma responsable, paulatina y en coherencia con el entorno medioambiental pero también social y económico, para proteger nuestros lagos de la contaminación. Sin embargo, también soy un convencido de que, para tomar cualquier medida, se debe respetar el estado de derecho”, señaló el parlamentario en la sesión de sala del martes, apuntando a que por muy atendible que sea el motivo, nada justifica la fuerza.
“Esto se hizo de forma unilateral, por medio de la fuerza y al margen del estado de derecho, es decir; limitando el derecho de todos los habitantes de la zona y de todos los chilenos para hacer uso de las playas y del lago, que son bienes de uso público. Acto seguido, y ante la presión, el alcalde de la comuna de Panguipulli, que pertenece a la región de Los Ríos, tomó una decisión que afecta a la localidad de Licanray en la región de La Araucanía, regiones que comparten el lago Calafquén. La autoridad junto a su concejo, aprobó una ordenanza municipal que prohíbe la navegación de vehículos motorizados en el lago, la cual no solo establece multas de hasta 271 mil pesos, si no que además identifica a la Armada como la responsable de fiscalizar. La medida sienta un precedente que a mi juicio es preocupante, no solo porque podría ser inconstitucional, como indican diversos expertos en derecho, sino porque además impone una presión sobre otros ediles llevando la disputa por un camino errado que complejiza y enciende más los ánimos entre los mismos habitantes del lugar”, expuso el legislador en sesión de sala.
PRONUNCIAMIENTO DE CONTRALORÍA
El diputado manifestó estar preocupado además por quienes habitan en Licanray y consiguen sus ingresos de la actividad turística. “Allí, la actividad económica principal es el turismo en torno al lago. Existen dos sindicatos de boteros que llevan el sustento a sus familias a partir de esta actividad, y que con gran esfuerzo han ido cambiando de forma progresiva sus motores a 4 tiempos para reducir la contaminación. Ellos, como también otras agrupaciones y habitantes que viven del turismo, temen verse afectados por este tipo de decisiones irresponsables e insólitas de la autoridad”, comentó.
El legislador solicitó oficiar a la Contraloría a fin de que se pronuncie frente a esta ordenanza que a su juicio excedería las facultades del órgano municipal. También pidió que se oficie a Carabineros y a la Armada de Chile, para que se pronuncien sobre el proceder frente a esta alteración al orden público el pasado 12 de diciembre, y por último, a las municipalidades de Villarrica, Pucón y Panguipulli para que den cuenta de los planes y plazos que han establecido para avanzar en la protección de sus lagos, pero también de las actividades productivas, sociales y económicas de sus habitantes.
“No existe lógica en que un grupo de personas, algunas de las cuales no son siquiera de la zona, que provienen de Santiago y que son conocidas en el sector por generar conflictos, cortar rutas, ocupar ilegalmente propiedades y encender barricadas, se sientan con el derecho de limitar el paso a un bien de uso público, sin que la autoridad que por ley debe actuar, no restablezca el estado de derecho cuando la acción es flagrante. Por eso he pedido que los organismos correspondientes se pronuncien, porque estoy convencido de que las decisiones no se pueden tomar bajo presión de algunos pocos, lo que muchas veces ha sido la tónica en nuestra Macrozona Sur generando conflictos en escalada, sino que se deben tomar escuchando a todas las personas que puedan verse afectadas o implicadas, respetando ante todo el estado de derecho”, señaló el legislador.
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