Luego de una intensa tramitación, que incluyó su discusión en la Comisión Mixta, el Congreso Nacional despachó la Ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, tras el proyecto ingresado en agosto del 2023.
La actual Ley data del año 1984 y su inaplicabilidad se ha demostrado en que de 25 imputados invocando esta Ley, ha resultado sólo en un condenado. Aún más grave resulta la ocurrencia de 1.346 actos de carácter terrorista en la Macro Zona Sur desde el año 2020. En las regiones de Los Ríos y de Los Lagos, en tanto, se han perpetrado 64 actos de índole terrorista desde el año 2020, resultando en la aplicación de dos condenas no terroristas: ataque incendiario y ataque armado a Carabineros.
Francisco Muñoz, gerente de la ONG Campo Seguro, indicó que “la nueva ley contiene aspectos claves como la calificación de delitos tipo; la calificación de asociación terrorista; la reparación integral hacia víctimas del terrorismo; la confección y aplicación de una estrategia nacional contra el terrorismo; la sanción a su conformación, financiamiento y colaboración; y la incorporación de técnicas especiales de investigación, tales como intervención telefónica, agente encubierto, activación remota de dispositivos, y tratamiento automatizado de datos personales”. Inexplicablemente, y a pesar del mayoritario consenso en el Senado y la Cámara de Diputados, estas últimas herramientas tecnológicas fueron rechazadas por diputados del Partido Socialista, Frente Amplio y Partido Comunista, anunciando estos dos últimos un requerimiento al Tribunal Constitucional.
El ejecutivo agrega que “en el mes de mayo de este año, oficiamos a los integrantes de las Comisiones de Seguridad del Congreso, proponiendo los aspectos más relevantes de la nueva Ley para el sector agropecuario. Además, Campo Seguro socializó y propuso los aspectos de mayor interés, a través de audiencias con siete parlamentarios de nuestras regiones (Los Ríos y Los Lagos), delegados presidenciales, y Ministerio Público -incluso a través del testimonio de víctimas-, para plantear los puntos de interés de la nueva Ley”.
Por último, Muñoz indicó que “en cuanto al ámbito legislativo, esta nueva ley es de máximo interés respecto al punto de la calificación, debido a que hasta hoy, era erróneamente denominada como “violencia rural”; en la reparación a las víctimas; en las herramientas de investigación y en la que esperamos, sea una estrategia efectiva para la prevención del terrorismo, teniendo en cuenta que nuestro interés es instalar la premisa de eliminar la violencia en cualquier tipo de demanda social o cultural”.
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