La Comisión de Gobierno Interior aprobó un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de exámenes de control de drogas para autoridades, entre ellas el Presidente de la República, parlamentarios y otros cargos electos.
Esta medida busca fortalecer la probidad y la transparencia en la administración pública, respondiendo a la creciente demanda ciudadana por mayor responsabilidad en el ejercicio de estos roles. Las autoridades deberán someterse a exámenes periódicos y presentar una declaración jurada al Servel que acredite no tener inhabilidades relacionadas con el consumo de drogas.
En respuesta a la aprobación del proyecto, el diputado Bernardo Berger valoró la importancia de combatir el narcotráfico y garantizar la transparencia en los cargos públicos, pero cuestionó el verdadero impacto que tendrá la medida. Berger señaló que, aunque el proyecto es un paso positivo, "debemos ir más allá de la fiscalización formal y asegurar que se implementen mecanismos de transparencia real que no permitan distorsionar o maquillar la situación delictual en nuestro país".
Finalmente, Berger hizo un llamado a que la implementación de esta normativa sea eficiente y se asegure que los exámenes sean rigurosos y accesibles a la ciudadanía. "Es vital que no sólo se trate de una medida administrativa más, sino de un compromiso real con la probidad y la seguridad pública", concluyó el diputado.
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