Este martes 9 de junio, la Comisión de Constitución dio su visto bueno a la iniciativa permitiendo que próximamente sea discutida y votada en la Sala.
Camila Flores, integrante de la comisión de Constitución, afirmó que la aprobación del proyecto “sin duda es una muy buena noticia a propósito de las responsabilidades políticas que tenemos que perseguir de aquellos que han cometido actos graves, delictuales, de corrupción, faltando a sus obligaciones legales y constitucionales”.
Agregó que “hemos tenido muchos escándalos a lo largo de nuestro país con distintos gobernadores regionales”.
La parlamentaria por la Región de Valparaíso, contó que la iniciativa busca “dejar explícito en la norma que los gobernadores regionales también serán objeto de acusación constitucional. Esto no estaba establecido de esta manera así, tan tácita como lo estamos dejando con este proyecto".
"Se establecían las causales que permitían concluir la posibilidad de acusación constitucional, pero no nombraba expresamente a los gobernadores. Nosotros estamos salvando ese error y, por lo tanto, espero que todos los diputados, los 155, se pongan del lado de la probidad, en contra de la corrupción”.
Concluyó que las autoridades regionales, incluso, podrán ser acusados hasta seis meses después de haber dejado su cargo.
Miguel Ángel Becker, en tanto, afirmó que lo aprobado “es importante, porque ha quedado demostrado que a nivel nacional, prácticamente en las 15 regiones, los gobernadores regionales han hecho un uso inadecuado de los recursos a propósito de las transferencias de más de 90 mil millones a la fecha -como se reveló por parte de la fiscalía en la comisión Convenios 2.0-, en relación a las fundaciones y otras organizaciones de dudosa reputación, dudoso origen”.
“En ese sentido -precisó- creo que la Cámara de Diputados debe tener y poder ejercer la fiscalización y control sobre las mismas instituciones como en el caso de los gobernadores y los cuerpos colegiados que pasan a ser los consejeros regionales. Así que esperamos que esta ley se pueda aprobar lo antes posible y tener las facultades para poder controlar y fiscalizar como corresponde”.
Para el diputado Bernardo Berger, lo resuelto “es un avance significativo para la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país. La aprobación de este proyecto por la Comisión de Constitución es un paso crucial para asegurar que los gobernadores regionales sean responsables por sus actos, especialmente en casos como el de las fundaciones, donde se evidenció la transferencia de recursos a entidades sin la experiencia necesaria”.
Y concluyó que “no podemos permitir que la gestión de fondos públicos quede sin supervisión adecuada. Este proyecto refuerza nuestro compromiso con la probidad y el buen uso de los recursos de todos los chilenos".
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