Un llamado al Gobierno a “actuar con celeridad” en los cambios que se requieren, tanto a la Ley de Presupuestos de la Nación, como al fortalecimiento de Contraloría, efectuó hoy el senador de la DC Iván Flores
El parlamentario agregó que “estamos contra el tiempo porque en septiembre se debe entregar el próximo presupuesto y necesitamos cambios para resolver la vulnerabilidad del sistema que ha generado lo que ya todo el país sabe".
“El sistema nacional de transferencias públicas está mostrando las costillas y claramente ha sido asaltado; más que recriminaciones públicas necesitamos soluciones urgentes para cerrar todo espacio a los abusos", indicó.
"Aquí, aparentemente, no hay ningún gobierno que esté absolutamente ajeno a este problema que se ha generado por un mecanismo que data del 2015 y que claramente ha permitido, por un lado, resolver algunos problemas de incapacidad del Estado para hacer inversión y ejecución, pero, y hay que decirlo con claridad, se ha instalado una vulnerabilidad que ha permitido abusos y una serie de irregularidades con recursos públicos”, sostuvo Flores.
Por lo anterior, “lo que importa ahora es resolver para evitar y aquí hay dos líneas súper claras. La primera es legislar adecuadamente, y esto tiene que ver con una atribución del Ejecutivo que tiene que modificar las glosas de la Ley de Presupuestos, que es lo que ha permitido justamente la creación de esta nueva forma de cometer algunos abusos; y, por otra, dotar de más facultades y recursos a la Contraloría”.
Sobre el presupuesto, el parlamentario precisó que “estamos trabajando junto con la senadora Provoste, una propuesta de modificación de glosas para evitar primero que fundaciones creadas para obtener fondos públicos estén en la oferta, digamos, de ejecutores del Estado".
"Lo segundo es poner límites al tipo de gastos y también a la experiencia. No puede ser que se forme una fundación para ir al día siguiente a pedir plata. Aquí tiene que haber una experiencia demostrada, tiene que haber un currículum, tienen que haber calificaciones. Eso se lo estamos entregando al Ejecutivo y estamos haciendo la pega para que el Ejecutivo le ponga la firma y lo presentemos ahora en la discusión de los próximos días", indicó.
Por otra parte y sobre la Contraloría, explicó que “lo otro y, es evidente no solamente por estos casos sino que por otros anteriores, es que la capacidad fiscalizadora del Estado de Chile es mala. Hay otros países que tienen cinco poderes del estado, nosotros tenemos tres, y uno de esos países que tiene cinco poderes del estado, uno es el poder control, o sea una contraloría fortalecida como un poder del Estado".
“Hoy día tenemos una institución que es autónoma pero claramente todos los años pide apoyo en la ley de presupuestos, porque no son capaces de tener a las y los fiscalizadores necesarios para poder revisar lo que hacen las instituciones públicas. Por lo tanto, el segundo llamado del gobierno es a fortalecer el control. Entonces, en resumen, que el gobierno nos ponga la firma a la pega que estamos haciendo".
El senador Flores también apuntó a los gobernadores, señalando que "también hay que poner foco allí, no se tratar de ocultar la incapacidad de gastar recursos transfiriéndolos a fundaciones y con ello decir que se ha hecho la pega; aquí también hay que regular varias acciones".
En otro plano, el senador Iván Flores emplazó al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Medio Ambiente a no seguir entrampando los proyectos.
“Sostuve una reunión con la ministra de Obras Públicas y todo su equipo, ya que en Valdivia no han resuelto el problema que es el proyecto de mejoramiento y ampliación de la planta de tratamientos de la empresa Aguas Décima está trancado hace cuatro años”, dijo el parlamentario.
Agregó que “pareciera ser que tanto la autoridad ambiental de la seremi como la Dirección General de Aguas están corriendo con colores propios y no de acuerdo a la norma”.
Para el senador se están exigiendo aspectos que no son necesarios. “Si no se empieza a procesar rápidamente ese proyecto, el próximo año puede que no tenga autorización para construir viviendas sociales o iniciativas privadas, porque la planta de tratamiento está al límite”.
“Los funcionarios públicos se deben ceñir a la norma porque de otra manera lo que están haciendo es perjudicar toda la actividad económica nueva y también a los comités de vivienda que no van a tener factibilidad”, declaró.
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