Comunidades mapuches rechazan proyecto inmobiliario y exigen renuncia de la delegada presidencial de Los Ríos

Desde el grupo de pueblos originiarios apuntan manipulación y presión política por parte de la delegada presidencial de la región para la aprobación del proyecto de Pacal S.A.

A través de un comunicado la “Alianza Territorial Kiñe Rakizuam”, la cual agrupa comunidades mapuches de Los Ríos dieron a conocer su rechazo a la aprobación del proyecto inmobiliario de la Constructora Pacal S.A. “Condominio Parque Río Cruces II”.

En el escrito se detalla que el proceso que culminó el lunes 6 de febrero, desde este grupo lo definen como “ilegal e inconsulto”.

Por otra parte, se apunta directamente a la delegada presidencial, Carla Peña, por hacer “caso omiso de los derechos de participación ciudadana, y de los derechos de los pueblos originarios consagrados”.

Además, se responsabiliza al “Estado de Chile” por coludirse con la empresa Pacal S.A. para la construcción de cinco edificios “en medio de una red de humedales, por un monto de 40 millones de dólares”.

En el escrito se nombra a otras entidades institucionales como la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeba) y se menciona que Peña presionó para que los seremis que son parte aprobarán el proyecto en cuestión.

En el caso del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia), las comunidades aludieron a que este órgano cumplió una labor política y no técnica.

“Sus decisiones manipuladas están al servicio de las inmobiliarias, de las empresas forestales y mineras, no otorgando garantías de imparcialidad ni al pueblo chileno, ni al pueblo mapuche”,  señala el comunicado. 

En el documento se emplaza a los partidos políticos de Apruebo Dignidad y al gobernador Luis Cuvertino a manifestarse públicamente a favor o en contra de lo que ellos señalan como “actos de corrupción de la institucionalidad publica".

Finalmente, las comunidades adjuntas a esta alianza territorial exigieron la renuncia de la delegada presidencial de Los Ríos.

“Ya que su permanencia en el cargo pone en riesgos el bienestar del territorio, y es un obstáculo para el diálogo entre el Estado de Chile y el pueblo nación mapuche”, enfatizaron,