Como “un acuerdo positivo que hemos firmado con voluntad y buena fe, para destrabar la tramitación presupuestaria”, calificó el senador DC Iván Flores el protocolo suscrito entre el Gobierno y la Comisión Mixta del Congreso Nacional.
En el protocolo de nueve páginas se incluyen temas vinculados a la agilización de la inversión pública, transparencia y programas sociales y, particularmente seguridad ciudadana.
También se incorpora una revisión del Registro Social de Hogares y medidas extras para el desempleo, sumando la presentación trimestral de la ejecución de los recursos destinados al Plan del Crimen Organizado junto con el compromiso de identificar e informar las obras a ejecutar dentro del Plan de Infraestructura del MOP.
Según lo explicado por el senador Flores, “una de las áreas más críticas era Salud, y donde desde hace semanas estamos planteando las inquietudes y preocupaciones. Pues bien, se acordó incorporar la indicación que aumenta el Per Cápita de Atención Primaria de Salud a $10 mil".
"Esto es clave, y era una demanda fundamental. Se acordó, también, llevar a cabo un proceso gradual de traspaso de honorarios a la contrata durante el periodo comprendido entre los años 2023 al 2026″, agregó.
El proceso considerará el traspaso de, al menos, 6.500 honorarios anuales que cumplan funciones regulares y los demás requisitos que establezca la ley.
Al mismo tiempo, para el traspaso de honorarios en el sector municipal se aplicarán lineamientos similares a los planteados en la ley de Presupuestos para el nivel central, en el marco de la ley de Reajustes del Sector Público.
El senador DC agregó, además, que “en Seguridad, hay compromiso para que entre el año 2022 y 2024, Carabineros de Chile adquiera 2.693 vehículos, reduciendo su déficit operacional de 54% a 16%, utilizando modalidad de arriendo y/o leasing, así como mejoras de mantenimiento y reparaciones para elevar la disponibilidad de vehículos en condiciones operativas.”
En inversión pública se reconoce el aporte de la inversión pública a la reactivación económica, y por ello “se mantendrán las medidas que han acelerado la ejecución durante este año, continuando vigente el límite del 20% del costo para la adjudicación en licitaciones, el índice polinómico en los contratos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el mecanismo de reevaluación expedita para proyectos en ejecución.
Al mismo tiempo, se indicó que desde enero del 2023 se actualizarán las normas, instrucciones procedimientos para el proceso de Inversión Pública (NIP), a fin de reducir los tiempos de tramitación, manteniendo la rigurosidad técnica de la evaluación social. Asimismo, se actualizarán las metodologías, para incorporar la proporcionalidad en la tramitación de proyectos de inversión pública”.
También se establecerá un comité de seguimiento de la inversión pública dependiente del Ministerio de Hacienda en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia que monitoree el avance en inversiones en los ministerios de Obras Públicas, Vivienda, Salud, Deportes, Gobiernos Regionales, entre otros.
Otra medida acordada es que se suplementarán recursos a los gobiernos regionales (Gores), según la ejecución de inversión que alcancen al primer trimestre de 2023. Este suplemento de recursos se implementará mediante convenios de desempeño de ejecución entre los Gores y la Dirección de Presupuestos (Dipres). Los recursos provendrán del Fondo de Infraestructura para el Desarrollo.
En políticas sociales, se constituirá una mesa de trabajo liderada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, e integrada por representantes del Ministerio de Hacienda, de la Dirección de Presupuestos y de parlamentarios de la primera subcomisión mixta de presupuestos o sus representantes para la elaboración de un plan de mejora continua al Registro Social de Hogares en los ámbitos de cobertura, calidad, oportunidad y transparencia.
Sobre la Pensión Garantizada Universal (PGU), se ingresará, una vez aprobada la ley de Presupuestos 2023, una iniciativa legal destinada a permitir el acceso a las personas que, por diversas razones, no han postulado a la PGU a la que tendrían acceso desde agosto de 2022.
Complementariamente, se incluyó que con el objetivo de agilizar los procesos de postulación, evaluación, aprobación y concesión de la PGU, el Instituto de Previsión Social (IPS) implementará cuatro medidas, entre las que está desarrollar una iniciativa denominada “PGU en tu barrio”.
De esta manera, se realizarán operativos en barrios para recibir solicitudes en lugares públicos y llegar a personas con dificultades para realizar el trámite. Por ejemplo, adultos mayores con problemas de movilidad por situaciones de salud.
También se establece en la ley de presupuestos 2023 que el Programa de Contingencias contra el Desempleo, el que permitirá el uso de sus recursos cuando en una o más regiones o determinadas provincias o comunas se registre una tasa de desocupación igual o superior al 8%, precisando que, en el caso de las comunas, esto se activará, aunque el porcentaje de la región o provincia sea inferior a este.
Para educación y puntualmente para los Liceos Bicentenarios, en el proyecto de presupuestos del año 2023, se repondrán los recursos “no solo para garantizar el pago de todas las cuotas pendientes los años anteriores, sino que, para efectuar nuevas convocatorias, revirtiendo la caída que originalmente se contemplaba”.
Sin perjuicio de lo anterior, se precisa que “durante el primer semestre de 2023, se hará una evaluación de los Liceos Bicentenarios, la cual será presentada en una sesión conjunta de la Comisión de Hacienda y Educación de ambas Cámaras, y cuyos resultados serán considerados en la formulación presupuestaria del año siguiente”.
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