Irregularidades en compra de cajas de alimentos: Bancada oficialista del Core pide transparencia

Luego de informe de Contraloría que detalla posibles irregularidades en la adquisición de ayudas en pandemia, Cores de Oposición pidieron renuncia del Jefe Regional. Oficialismo ahora pidió "todos los antecedentes".

Luego del informe publicado por Contraloría en que se detalla una serie de irregularidades  al auditar el programa Alimentos para Chile, que se ejecutó en Los Ríos entre junio y julio de 2020, proceso que fue liderado por la Intendencia Regional, la bancada oficialista del Consejo Regional salió a pedir transparencia a través de una declaración pública.

Según el informe de Contraloría, se advierten anomalías en el trato directo suscrito entre la Intendencia y la empresa Comercial Weber SpA, para la adquisición de cinco mil cajas por un monto total de $223.249.950.

La Contraloría cuestiona la compra, en mayo de 2020, de estas cinco mil unidades a una empresa que, según el portal www.mercadopublico.cl, mantenía sólo tres órdenes de compras anteriores, siendo la primera de ellas en abril de ese mismo año.

Asimismo, el 17 de abril de 2020, esta empresa agregó tres nuevos giros, según la web del Servicio de Impuestos Internos, entre ellos “Suministro Industrial de Comidas por Encargo”, “Otros servicios de Almacenamiento y Depósito” y “Venta al por menor de Alimentos en Comercios Especializados”, lo que vulnera las normas aplicables al trato directo.

En paralelo, la CGR verificó irregularidades en la recepción de una factura emitida por la empresa cuatro días antes de la autorización del trato directo. Lo descubierto dejó en evidencia que la factura fue recepcionada comprometiendo su pago, pese a que aún los servicios no se realizaban a la fecha de emisión de ese documento, incumpliendo la ley.

Por todas estas razones, la Contraloría Regional dispuso el inicio de un sumario en la Intendencia Regional, en junio de 2020.

Otros hallazgos

La auditoría comprobó que 1.022 registros de entregas de cajas de alimentos no contaban con la firma o huella del beneficiario, lo que no permiten acreditar que se hayan entregado efectivamente. El valor total de estas cajas equivale a $45.564.063.

Asimismo, se detalla que el servicio respaldó la entrega de 13 cajas por medio de dos firmas, idénticas, por un monto equivalente a $579.579. Por este motivo, la Intendencia deberá enviar a la Contraloría los antecedentes que demuestren la entrega efectiva a cada uno de los beneficiarios, en un plazo no superior a 60 días hábiles.

También se reveló la entrega de 277 cajas duplicadas a beneficiarios de la región y se constató, además, que la Intendencia desembolsó $891.664.630 a tres empresas proveedoras, sin que se acreditara el cumplimiento del pago de las obligaciones laborales y cotizaciones previsionales de los trabajadores de ese proveedor.

Otra irregularidad se verificó en la revisión de las guías de despacho en centros de acopio en Valdivia y La Unión, al comprarse que éstas no fueron firmadas y fechas por el supervisor de convenios, lo que impidió acreditar la fecha en que se recepcionaron los productos.

Finalmente, se detectó que la Intendencia no ingresó a los 20 mil beneficiarios del programa Alimentos para Chile a un registro electrónico, tal como lo dispuso la propia Contraloría en un oficio de mayo de 2020, lo que deberá ser corregido oportunamente.

Bancada oficialista

La bancada de Consejeros Regionales de Los Ríos que representan a Chile Vamos, ante las informaciones de prensa relacionadas con este informe de Contraloría Regional emitió una declaración pública en la que detallan lo siguiente:

El informe mencionado contiene información de una serie de faltas administrativas, que se habrían producido tanto en el procedimiento de compra, como en la entrega de las cajas de alimentos, por lo cual estimamos que, ante la gravedad de lo que allí se menciona, no podemos quedar indiferentes, aunque no tengamos la atribución de fiscalizar esta iniciativa ejecutada a través de la Subsecretaría de Interior. Creemos necesario solicitar al Intendente toda la información de la revisión e investigación que emana de dicho informe del ente contralor.

También es necesario destacar que nos llama la atención que Contraloría no agregue los antecedentes que las partes involucradas debieron responder y/o hacer sus descargos en esta investigación sumaria que aún no termina.

Esperamos que, al finalizar la investigación sumaria en curso, se hagan públicos todos los antecedentes y se aplique con el máximo rigor, en todos los casos que se determine responsables, las medidas de castigo máximo que permita la normativa.

Somos enfáticos en señalar que, en toda acción pública debe existir absoluta transparencia, por lo que debemos ser rigurosos en los procedimientos de fiscalización y control en cada actividad que las atribuciones del Consejo Regional lo requieran.

Estaremos atentos al resultado final de esa investigación y perseveraremos en que se cautelen los recursos públicos, poniendo siempre primero el interés público por sobre el particular.

Oposición

La bancada de oposición ya se había referido al tema, pidiendo la renuncia del intendente, a través de una declaración en que afirmaron que "Este cuerpo colegiado, ante el desastre social generado por la pandemia, aprobó recursos cercanos a los  mil millones de pesos, para compra y entrega de cajas de alimentos a las familias más vulnerables de la región, sin embargo, la falta de control jerárquico de la autoridad regional, permitió realizar una compra pública a la medida de una empresa en particular, entre otros graves hechos, generando o permitiendo acciones administrativas contrapuestas a la probidad y la transparencia que deben tener las inversiones realizadas con recursos de todos los chilenos y particularmente con recursos de nuestra región".

Agregaron que "ante tanta evidencia, ya no solo en el corrupto procedimiento de compra de las cajas de alimentos, sino también en manifiestas irregularidades en la entrega y distribución de ellas, no cabe otra acción que pedir al Intendente que realice un acto de hidalguía personal y responsabilidad ética con su cargo, de presentar su renuncia, o en su defecto, que el propio Presidente de la República, en mérito a la gravedad de lo ocurrido se la solicite. Hacemos un llamado a los parlamentarios de la región, para que ejerzan su rol fiscalizador, pues estamos en presencia de actos administrativos con manifiestos atisbos de corrupción, ejecutados por funcionarios con dependencia directa del Sr. Intendente, quien por acción u omisión ha permitido que ocurran. En situación de emergencia sanitaria, social y económica, es obligación ser más riguroso en los procedimientos, más eficientes en el uso de los recursos, más probo y transparente en su utilización, ya que pertenecen a todas y todos los chilenos".