Siete días es el plazo que se autoimpuso la persecutora Tatiana Esquivel para informar el curso que podría seguir la investigación judicial, luego de conocerse la resolución de Contraloría, que acredita irregularidades y la participación de personeros políticos por el desvío de 70 millones del Minsal, ocurrido en el 2015.
Así lo informó el diputado y querellante en el caso Bernardo Berger (RN) al término de una reunión con la Fiscal Regional (s), a quien entregó una copia del líbero del órgano contralor, junto con nuevos antecedentes del caso.
“Los gravísimos antecedentes que ha aportado la Contraloría en torno a acreditar los hechos constitutivos de delito y de responsabilidades con nombre y apellido. La claridad y la tremenda contundencia con que la Contraloría ha acreditado los hechos y la participación de terceros, es una pieza clara y basal en la investigación judicial que conduce el Ministerio Público. Esta es una causa que ha tenido una demora excesiva a mi juicio, pero que creo que hoy en día no hay nada que justifique no poder avanzar”, detalló el parlamentario
Agregó que “sin perjuicio de ello vamos a concurrir en los próximos días al Consejo de Defensa del Estado, porque aquí hay 70 millones de pesos que andan dando vueltas, y que generan un tremendo deterioro para la atención de los pacientes de salud primaria, que era para quienes estaban destinados estos fondos.”
Cabe recordar que la denuncia había sido presentada por Berger en diciembre de 2015 tanto ante la Contraloría por los eventuales alcances administrativos, como en los tribunales de Justicia por la existencia de eventuales delitos, entre ellos desvío de recursos públicos, fraude al fisco y asociación ilícita.
La resolución emitida hace pocos días por el contralor General Jorge Bermúdez, determina la responsabilidad y participación en los hechos del ex director del Servicio de Salud de Los Ríos y actual diputado socialista Patricio Rosas, y de la alcaldesa de Paillaco, del mismo partido, Ramona Reyes, y de otros funcionarios.
Además, el mismo documento, así como declaraciones de los involucrados, vincularían a la subsecretaria de Redes Asistenciales Angélica Verdugo en la toma de decisiones de aquellos hechos que condujeron al desvío de los recursos que fueron a parar en las arcas de la multigremial que conducía en ese entonces Esteban Maturana.
De acuerdo a información extra oficial, la causa de investigación podría seguir dos cursos: o se cierra en el plano local, después de las eventuales diligencias emanadas de la información aportada por Contraloría para pasar a la fase de formalización, o bien esta podría trasladarse a algunas de las unidades especializadas de la Fiscalía Nacional.
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