El Consejo de Defensa del Estado (CDE) estudiará acciones penales para perseguir la restitución de 70 millones de pesos contra quienes resulten responsables del desvío de dichos dineros, que en 2015 se usaron para pagar una actividad privada, en lugar de consultorios y pacientes que era su destino, confirmó el diputado Bernardo Berger (RN) en Valdivia, tras reunirse hace pocos minutos con el procurador fiscal de Los Ríos, Natalio Vodanovic.
“Aquí estamos ante un hecho de la máxima gravedad, donde en todo este tiempo ha habido versiones confusas, incluso declaraciones públicas contradictorias que llegan a vincular mediante supuestas instrucciones a las máximas ex autoridades nacionales de la cartera; y los nuevos antecedentes aportados por el Contralor que le hemos entregado al CDE dejan claro que para lograr el desvío de recursos se habrían articulado actores políticos, voluntades y acciones intencionales, hechos todos acreditados e individualizados en dicha investigación”, explicó Berger.
Agregó el legislador “que todo este asunto es triste, hasta indignante, porque aquí abiertamente se echó mano a dineros que eran exclusivos para que consultorios concursaran para mejorar equipamiento, comprar medicamentos y horas de especialistas que no sobran en la salud primaria; en cambio terminaron pagando la estadía de dirigentes de la Confusam en un hotel de lujo de la ciudad para que asistan a un congreso gremial”.
Por los mismos hechos el legislador presentó en diciembre de 2015 una querella ante el Ministerio Público por desvío de recursos públicos, fraude al fisco y asociación ilícita. La pericia -en desarrollo- está a cargo de la fiscal Tatiana Esquivel, quien la próxima semana debiera definir el curso de la investigación dado nuevos antecedentes proporcionados por el Contralor General Jorge Bermúdez conocidos hace unos días en una resolución de dicho organismo en que acredita la existencia de irregularidades y responsables.
Con ello en mano, hoy Berger se reunió con el titular regional del CDE e ingresó el requerimiento. En lo central de la argumentación ante el organismo solicita “que ejerza la acción penal para hacer efectiva la responsabilidad de quienes se individualiza en la referida resolución (de la Contraloría) y de todos aquellos que mediante los respectivos actos administrativos dieron lugar a los ilícitos, con el objetivo de obtener la restitución al Fisco de los 70 millones de pesos desviados a terceros desde el Ministerio de Salud”.
Los recursos pertenecían al “Programa de Fortalecimiento de la Salud Primaria Municipal” de la Subsecretaría de Redes Asistenciales que conducía Angélica Verdugo. A inicios de 2015 la Confusam de Esteban Maturana había anunciado grandes movilizaciones y paralizaciones nacionales contra la cartera. En mayo se confirmaba la realización del congreso ideológico en el Casino Hotel Dreams de Valdivia.
En agosto fueron aprobados 70 millones bajo una supuesta figura de capacitación a la municipalidad de Valdivia para contratar los servicios hoteleros del congreso, pero esa entidad no los aceptó; se trató de transferir la tarea al alcalde de Máfil Claudio Sepúlveda (PS) por instrucción del director del Servicio de Salud de Los Ríos y actual diputado (PS) Patricio Rozas, pero Sepúlveda lo rechazó por “no ser procedente” con la normativa. En octubre y a menos de tres días de la fecha del Congreso, fueron a parar a la Municipalidad de Paillaco donde la alcaldesa (PS) Ramona Reyes instruyó la compra de los servicios al referido hotel. El congreso se celebró entre el 5 y el 8 de octubre y fue inaugurado por la ministra de la época Carmen Castillo.
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