El diputado Bernardo Berger (RN), valoró el aumento de financiamiento para subvenciones a centros colaborativos del Servicio Nacional de Menores (Sename), aprobado ayer por la Cámara Baja y que incrementa el 25% de recursos.
La iniciativa impulsada por el Ejecutivo, fue despachada a segundo trámite constitucional e impone nuevas exigencias e inhabilidades para estas, así como obligaciones y responsabilidades adicionales para el Sename.
“Todo un país ha sido testigo del esfuerzo deficiente hasta ahora para poder proteger a la infancia que por distintos motivos llega a manos del Sename, a través de centro colaboradores. Las investigaciones han sido enfáticas en esta materia, y una de las conclusiones es la falta de recursos para seguir operando, por ello y mientras avanzamos en la creación de la nueva institucionalidad, resulta de toda lógica poder aumentar el financiamiento para poder suplir donde están las mayores deficiencias”, enfatizó Berger.
El parlamentario agregó que “es inentendible que hoy el Estado invierte más dinero en los delincuentes tras las rejas que en los niños vulnerables bajo protección del Estado. Esa es una situación que hay que ir corrigiendo mientras estamos a la espera de la modernización integral del sector, no podemos desatender la carencia de recursos con que hoy día trabajan muchos de los centros colaborativos que lo hacen en buena ley”.
Modificaciones
Berger detalló que algunos de los perfeccionamientos están dirigidos a precisar o redefinir principios rectores de este sistema, y agregar otros conceptos en dicho marco, como es el asegurar las condiciones que otorguen el necesario bienestar biopsicosocial de los menores.
Además, se deberá respetar como principios la efectividad de los derechos y las condiciones ambientales y oportunidades que los niñas, niños y adolescentes requieren, según su etapa de desarrollo, mediante una intervención oportuna y de calidad; y la transparencia, eficiencia, eficacia e idónea administración de los recursos que conforman la subvención, entre otros.
Asimismo, para el reconocimiento de las instituciones colaboradoras, impide que participen en sus directorios, representación legal, gerencia o administración individuos que figuren en el Registro de Personas con prohibición para trabajar con menores de edad. Esta y otras prohibiciones ya contempladas en la ley vigente se extienden a personas naturales que desempeñan sus funciones directamente con los niños, niñas y adolescentes.
“Lo fundamental esto no se trata sólo de dar más plata, sino va acompañado de una serie de modificaciones al actual sistema donde funcionan los centros colaboradores para perfeccionar una serie de elementos que blinden el resguardo de los menores en su integridad psicosocial, además de aquellos temas de prestación de servicios básicos, incorpora también requerimientos nuevos, más exigentes a las condiciones ambientales, sanitarios, y de cumplimiento de derechos de los niños que llegan a residir a estos centros”, finalizó el legislador.
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