Un plazo de 10 días hábiles para que el ministro de Obras Públicas responda por qué no ha perseguido las responsabilidades pendientes que tendría CYGSA, empresa que diseñó el puente Cau-Cau, determinó la Contraloría General de la República a solicitud de un cuestionario indagatorio que presentó el diputado RN Bernardo Berger al órgano investigativo para precisar una serie de aristas al caso.
“Le hemos entregado a Contraloría una serie de preguntas respecto a las cuales el ministro ha evitado referirse a toda costa en estos últimos dos años, el órgano investigativo nos ha entregado una respuesta muy clara y muy concisa que confirma una seguidilla de sospechas, también amplía una serie de puntualizaciones en distintos informes, pero lo más importante, obliga al ministro a responder aquellas cosas que en las distintas comisiones que ha asistido se ha negado a clarificar”, enfatizó.
El órgano contralor establece en el oficio N°20.521 dirigido al diputado Berger, que respecto a la ausencia de persecución de responsabilidades a quienes realizaron el estudio de diseño:
“En lo tocante a la causa por la cual el Ministerio de Obras Públicas no ha precisado o perseguido responsabilidad alguna del consorcio que elaboró el diseño del puente Cau-Cau (…); se enviará presentación a la Dirección de Vialidad con el fin de que emita una respuesta directa al parlamentario, en el plazo de 10 días hábiles contados desde la recepción del presente oficio”.
En segundo lugar, el documento hace referencia a la participación de la empresa APIA XXI, que desarrolló y dio solución a cada una de las variantes estructurales y mecánicas, lo que fue validado por el consultor especialista de puente basculante, Carlos Fernández Casado.
“Me llama la atención que en estos años el MOP en ningún momento transparento que AZVI subcontrató a la empresa APIA XXI para encargarse del punto de vista estructural; entidad que es la misma que diseñó el fracasado diseño del puente Los Pelúes, que éste gobierno acaba de abandonar por más de 400 millones de pesos, y es la misma a la cual se le ha adjudicado el diseño estructural del puente Pedro de Valdivia, empresa que además está bajo investigación por concentrar cerca del 60% de la inversión en consultorías del MOP entre cuatro empresas en los últimos 4 ó 5 años”, señaló.
Berger agregó que “creo que aquí es necesario una mirada más a fondo respecto al rol que ha jugado APIA XXI en esta obra, y las garantías que entrega para un buen término de los otros proyectos de los cuales está participando actualmente”.
Otras irregularidades
El oficio también precisa irregularidades respecto al revisor que se habría contratado el año 2009; reafirma que la Dirección de Vialidad no pudo acreditar que el mencionado asesor Guillermo Ríos Arancibia, ingeniero civil mecánico, haya realizado los informes, pese a ello el Ministerio de Obras Públicas igual solventó el pago, lo que fue autorizado por el jefe de ingeniería de la cartera.
“Se confirma la participación de un personaje al cual se le pagaron los honorarios en forma íntegra para hacer de revisor el año 2009 durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, al día de hoy no consta ningún informe y no hay ninguna claridad de cuál fue el destino real de esas platas, y como lo confirma Contraloría Vialidad no pudo demostrar”, sostuvo.
El diputado añadió que el documento además establece que la revisión de elementos como los tableros, y las obras de modificación tanto mecánicos como estructurales fueron hechos con venía y aprobación del MOP. “En eso además la Contraloría señala de que hay faltas por parte del MOP y de la empresa de asesoría externa que haya verificado la correcta ejecución de las nuevas obras para salvar las deficiencias”.
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