Solicitando que se oficie al Ministerio de Educación, la Corfo y el Consejo de Defensa del Estado, para que informen las acciones y procesos que llevarán adelante para aclarar y representar adecuadamente la situación actual del Estado al interior de Inacap, el senador Alfonso De Urresti concluyó la intervención que realizó en la hora de incidentes en la sesión del Senado recientemente.
El parlamentario, hizo uso de este espacio para “desmentir aquellas alusiones públicas, como las del senador Allamand, en que se intenta acusarnos de estar tras un intento de expropiación de Inacap. Nada más lejano, pues lo que planteamos es resguardar adecuadamente los bienes y participación del Estado. Los senadores que hemos planteado esta inquietud no estamos buscando apropiarnos del esfuerzo ajeno, sino recuperar lo que de manera espuria y oscura, fue transformado en los últimos días de la dictadura”.
De Urresti indicó que “lo que le estamos pidiendo a estos organismos públicos es que nos informen sobre los procesos que van a llevar adelante para representar la situación del Estado en esta institución; que informen sobre sus actuaciones en el pasado desde el punto de vista jurídico; que nos remitan copia de todas las actas que dieron origen a esta renuncia a la participación en el directorio de Inacap y que se envíe al Consejo de Defensa del Estado una solicitud formal para que se investigue y aclare esta situación”.
El senador por Los Ríos dijo que “de igual manera, estamos pidiendo que se nos entreguen antecedentes sobre si en la década de los ochenta hay antecedentes de acciones legales presentadas por el Consejo de Defensa del Estado para proteger los intereses del Estado, para saber si existen antecedentes de otros juicios o acciones legales llevadas adelante en relación a esta institución educacional”.
Al finalizar, el legislador reiteró que “lo que hemos solicitado es que se analice e investigue la situación y se dé cuenta a la ciudadanía de cómo se realizó este traspaso. Nadie ha pedido que Inacap se expropie, sino que el Estado investigue y actúe directamente o a través del CDE y recupere un bien que es de todos los chilenos. Valoramos a sus estudiantes, funcionarios y académicos. Pero eso no debe impedir aclarar el proceso con el cual se tomó el control del directorio y se vulneró el objetivo básico de estar al servicio de la formación de los trabajadores y ciudadanos de este país desde el año 1966”.
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