Eliminar los incentivos a la venta de medicamentos en farmacias en “todo evento” no asegura la baja de precios para el consumidor final, advirtió hoy el diputado RN Bernardo Berger. Por el contrario, podría afectar negativamente al mercado, afectar los ingresos del sector y desincentivar la calidad del servicio.
El parlamentario se refirió así en general el proyecto de ley que se discute hoy en la cámara baja, y que elimina en todo caso posible el incentivo a la venta, reafirmado la erradicación de la denominada “canela” pero también afectando a otros tipo de aportes que pueden hacer las farmacias a los pacientes, así como a aportes incrementales del salario de sus trabajadores.
“Este proyecto muestra una vez más otro paso en la testarudez del Ejecutivo, que no ataca el fondo del problema, sino que es irse por los lados, con el riesgo de afectar una vez más la iniciativa privada bajo el argumento de querer mejorar la salud en Chile y bajar el precio de los medicamentos.
El verdadero problema a juicio de Berger es que el alto precio de los medicamentos no se soluciona con este proyecto y con la simple prohibición de la canela. Lo anterior porque el foco se está poniendo una vez más en las 'farmacias' y no en los laboratorios multinacionales que son la causa de estas diferencias de valores.
El legislador, añadió que "la ley Ricarte Soto era para evitar incentivos exclusivamente en medicamentos de alto costo -los que tienen patente de los laboratorios internacionales-. Y Sin embargo, la prohibición terminó siendo general y afectando a las farmacias que a su vez dan empleo a miles de personas y que son finalmente las que abastecen al público en general y a todo Chile".
Berger, además explicó que este proyecto tendrá como consecuencia que se van encarecer los medicamentos, porque no se dejan incentivos para los medicamentos baratos –incluido en ellos los bioequivalentes-. De ahí que se corre el grave riesgo de perjudicar a los pacientes y los trabajadores de farmacias. "O sea, los únicos que terminan ganando los laboratorios internacionales que, una vez más, resultan intocables".
Añadió que "una cosa es incentivar la venta del medicamento más caro dentro de una misma categoría de medicamentos, que naturalmente atenta contra la integridad y el bolsillo de los chilenos y que ya está regulado tanto en la ley de Fármacos como en la Ricarte Soto; y otra cosa distinta es el incentivo variable, que va asociado a otros aspectos totalmente legítimos dentro de un mercado sano. Estamos destruyendo una competencia que bien regulada es sana, cuando lo que en verdad se necesita es que el Estado como ente fiscalizador ponga el ojo en los laboratorios", indicó.
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