María Angélica Coronado asistió al Hospital de La Unión por un orzuelo y terminó con una de sus piernas casi inmovilizada tras la aplicación de un medicamento.
“Conozco a María Angélica Coronado hace mucho tiempo y hemos estado trabajando para lograr una solución a su problema, que partió con una atención por un orzuelo, en un hospital público y derivó en una grave afección en su pierna, con todos los perjuicios económicos y emocionales que ello conlleva, por lo que claramente el único camino para que ella obtenga una reparación es la vía judicial”.
Así resumió el diputado de RN por el distrito 54 Gonzalo Fuenzalida la situación de María Angélica Coronado, quien tras la aplicación de un medicamento para aliviar un orzuelo, prácticamente perdió la movilidad de una de sus piernas, situación que aún no ha podido resolver.
Fuenzalida explicó que “lo que logré fue contactarla con un abogado, Feda Simic para que después de mucho tiempo pudiera presentar una demanda en Valdivia, la cual ya está proveída, es decir, se le dio lugar y prontamente el Estado será notificado”.
En esa línea, el diputado enfatizó que el objetivo de la acción judicial es que se haga justicia y que el daño que se le causó a María Angélica Coronado sea reparado, tanto en lo económico como en el perjuicio a su salud y añadió que “lo que se pretende con la reparación económica no es lucrar, sino que ella pueda ser atendida de la manera que corresponde para que pueda volver a caminar”.
La afectada ha enfrentado no solo los obstáculos para recibir atención médica, sino que además, a raíz de la inmovilidad causada en sus piernas, perdió un local comercial y debió sacar a su hija mayor de la universidad. “Tengo 50 años, soy madre soltera de tres hijos, desde siempre he trabajado muy duro por mi familia y hoy me veo imposibilitada incluso de trabajar normalmente y hasta tengo que comer prácticamente en el suelo porque no puedo permanecer de pie. Es angustiante no tener una respuesta”, graficó la paciente al borde de las lágrimas.
Respecto a los problemas que María Angélica Coronado ha tenido para seguir atendiéndose en el sistema público de salud, Gonzalo Fuenzalida explicó que “cuando alguien demanda al Estado lo que no puede hacer es trabajar en el aparato público, pero eso no significa que uno deba dejar de ser atendido por el Estado, sobre todo por servicios de salud”.
Por este motivo el legislador está haciendo una revisión de la legislación vigente al respecto para corregirla si es que existiese alguna interpretación que llevara a algún funcionario a negarle la atención a pacientes en situaciones similares.
“En este caso por lo menos se debe tratar de reparar en el ámbito de la salud el daño que se generó. Es ilógico que si alguien demandó al Estado por una causa justa no pueda asistir a un servicio de salud público. Hoy la legislación tiene que proteger a una ciudadana que en este caso, acude a un centro de salud por un orzuelo y termina casi inválida, y también a otros ciudadanos que sufren o puedan sufrir situaciones similares”, finalizó el diputado.
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