La eficiencia en el gasto público se ha transformado en un imperativo. En Chile, como en muchos otros países, existen múltiples y urgentes demandas sociales todas las cuales exigen crecientes recursos. Un tercio del gasto público en Chile se efectúa a través de la ley de compras públicas y por consiguiente es importante poner el foco en ellas.
La principal modalidad utilizada para realizar compras públicas en nuestro país son los denominados convenios marco. Estos son contratos entre una o más autoridades públicas (contratantes) con uno o más proveedores (contratados) en los cuales se encuentran establecidos los términos y condiciones generales que regirán las órdenes de compra que serán adjudicadas durante el plazo que dure este acuerdo, es decir, se suma la demanda del sector público por bienes y servicios en los diferentes rubros y vía una licitación se adjudica la posibilidad de vender estos bienes y servicios a un grupo de proveedores cuyas ofertas fueron las más convenientes resultando adjudicados, lo que permite simplificar y racionalizar los procesos de abastecimiento logrando que estos sean más transparentes, eficientes y por cierto económicamente convenientes para el estado. Estos convenios marco son utilizados a nivel de gobierno central y también gobierno local.
ChileCompra le encargó a la OCDE un estudio sobre el uso de los Convenios Marco en Chile. Este estudio concluye que el concepto y funcionamiento de los convenios marco en Chile difiere de los principios comúnmente utilizados en los demás países OCDE debido a que opera con múltiples proveedores, estos son calificados no solamente en base a criterios técnicos sino también financieros, generando importantes barreras de entrada y la competencia de segundo orden (productos substitutos) es casi inexistente.
El número de compras ha aumentado en un 150% en los últimos años, el de proveedores en un 130% y las peticiones de modificación de catálogos que contienen los bienes y servicios que ofrecen los proveedores se han incrementado en un 758%.
En la práctica esto quiere decir que en los meses posteriores a la adjudicación de cada convenio marco, los proveedores van reemplazando e incluso aumentando sus catálogos de productos con productos que en muchos casos son diferentes a los que les fueron adjudicados en la respectiva licitación generando una gran dispersión de productos, lo que atenta contra la estandarización que permite mayor competencia y así menores costos para el erario público.
Para lograr una mayor eficiencia y transparencia en las compras públicas es necesario introducir modificaciones al funcionamiento de los convenios marco.
En primer lugar la “estandarización de productos” resulta fundamental para evitar que pequeñas diferencias superfluas entre productos se transformen en barreras infranqueables, permitiendo que existan productos que prácticamente no tienen substitutos elevando el costo para el estado. No debiera ocurrir que una simple “perilla” adicional, que no presta ninguna utilidad para el comprador, genere una restricción de la oferta.
En segundo lugar es muy importante que los organismos públicos planifiquen y definan su demanda y la den a conocer con la debida anticipación reduciendo la posibilidad de asimetrías en la información. Es especialmente necesario otorgar plazos de entrega que permitan a los proveedores abastecerse en forma eficiente ya que se observan muchas grandes compras cuya proceso de compra tarda muy largo tiempo y sin embargo se exige que la entrega sea en unos pocos días lo que no es inconsistente con los principios de eficiencia y eficacia en el uso de recursos públicos.
Finalmente hay que entender que la existencia de una gran cantidad de oferentes no es necesariamente sinónimo de competencia, lo importante es que estos oferentes ofrezcan un amplio abanico de productos de diferentes marcas cuyos productos son substitutos entre sí ya que si se reciben muchas ofertas y todas o casi todas ofrecen el mismo producto y de una misma marca, será esa marca la que podrá definir las condiciones comerciales de dicha oferta, no la competencia y esto genera un poder de mercado que no resulta conveniente a los principios de la libre competencia.
Mayor planificación, más información, estandarización de productos, períodos de duración más cortos de los convenios marco, y amplitud no sólo de oferentes, sino también de marcas, sin duda podrían ayudar a generar importantes eficiencias en las compras públicas.
Jorge Tuñon Subercaseaux
Vicepresidente
Fundación Foro Los Ríos.
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