Pese a la serie de reuniones sostenidas con autoridades, se mantienen las dudas y la incertidumbre en las y los estudiantes del IP y CFT Los Lagos.
Lo anterior dadas las dificultades que ha presentado el controlador de la casa de estudios y que son motivo de investigación por parte de la Superintendencia de Educación Superior (SES).
“En agosto del año pasado, esta Superintendencia detectó que ambas instituciones presentaban una delicada situación financiera, lo que planteaba una seria amenaza para cumplir los compromisos adquiridos con su comunidad académica, administrativa y estudiantil”, indicó la SES.
“Por este motivo, se iniciaron dos investigaciones para velar por el cumplimiento de las obligaciones financieras, administrativas y laborales, de manera de garantizar el derecho a la educación de sus estudiantes”, señala.
“Es fundamental destacar que las denuncias vinculadas a la transferencia de recursos desde el Gobierno Regional de Los Lagos hacia la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin), nuevo sostenedor de ambas instituciones, están siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público. La Superintendencia de Educación Superior brindará toda la información pertinente en relación con estas casas de estudio, en caso de que sea requerida”, agrega.
En Valdivia, se han visto afectados alrededor de 150 estudiantes y a nivel nacional llegan a 3.423.
Tatiana Celedón, una de las estudiantes del IP CFT Los Lagos que se han visto en conflicto comentó a Grupo DiarioSur que no se ha avanzado en nada.
Recientemente se tuvo una reunión con el superintendente de educación superior, José Miguel Salazar; el jefe de asesores del subsecretario de educación superior, Pablo Sandoval; el jefe de gabinete de la superintendencia, Mauricio Riffo y Belkis Bórquez en representación de IP y CFT Los Lagos.
“José Miguel Salazar lamentó que no tiene fecha para darnos tranquilidad porque la situación es compleja. La SES solicitó al Ministerio de Educación eliminar el reconocimiento del IP y CFT los Lagos y la cancelación de la personalidad jurídica de dichas organizaciones”, señala Tatiana.
Informó además que reiteró la posibilidad de designar un administrador de cierre para continuar con los procesos académicos de la institución. Todas estas medidas son las sanciones más graves que se pueden aplicar.
“Estos antecedentes fueron enviados a la Subsecretaria de Educación Superior y esta a su vez remitirá los datos al Consejo Nacional de Educación. Es un tema muy burocrático ya que el Ministerio de Educación no puede tomar determinaciones sin antes haber pasado por un acuerdo favorable del Consejo Nacional de Educación”, agrega.
Respecto de la posibilidad de retomar clases vía on line y presenciales, Tatiana comenta que es una situación hipotética, pero que depende de la designación de un administrador.
“No nos han dicho cuándo podría ser designada esta persona. Se nos reiteró que será él quien definirá los tipos de cursos que se impartirán, quiénes lo harán y dónde. Si todos los procesos se aceleran se podría comenzar pronto y el semestre se alargaría hasta el verano de 2024”, dice.
Una de las opciones comentadas es continuar estudios en otras instituciones, pero esa vía no es aceptada de todo por los alumnos, ya que se deben analizar temas de costos en las mensualidades que eso conllevaría, además de no poder optar a beneficios que da el Estado para estudiar.
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