Proyecto de ley inhabilita la postulación a cargos cuando hay consumo de drogas y vínculos con narcotráfico

Los autores de esta iniciativa argumentan que uno de los principales objetivos de los traficantes es permear y generar alianzas con autoridades y miembros de los poderes públicos con el fin de asegurar la permanencia de sus actividades.

Una moción presentada a la Cámara de Diputados obliga a los candidatos a cargos de elección popular a realizarse un examen de drogas como requisito para la inscripción de las candidaturas, y establece la causal de cesación en el cargo.

Como fundamentos centrales de la iniciativa, sus autores señalan que, en los últimos años, nuestro país ha sido víctima de una notoria penetración del narcotráfico en la sociedad, pasando de ser un país de tránsito de la droga a uno de destino.

Agregan que uno de los principales objetivos de los traficantes es permear y generar alianzas con autoridades y miembros de los poderes públicos con el fin de asegurar la permanencia de sus actividades y el aumento de su poder económico y material.

Todo ello hace necesario implementar medidas que resguarden y prevengan estos vínculos, evitando futuros casos de corrupción y principalmente el deterioro del régimen democrático.

El proyecto de ley establece como requisito para la inscripción de candidaturas de aquellas autoridades que son electas por votación popular, acompañar un resultado de test de drogas que no podrá tener una antigüedad mayor a un mes, y una declaración jurada en torno a que el candidato en cuestión no consume drogas y se encuentra libre de vínculos con el tráfico. Además, establece como causal de cesación en el cargo de aquellas autoridades, el hecho de consumir drogas durante su ejercicio, o mantener vínculos con el tráfico.

En cuanto al ámbito de aplicación, la ley regirá respecto del Presidente de la República, Diputados, Senadores, Alcaldes, Consejeros Regionales y en general a toda autoridad electa mediante elección popular, como también en relación a los miembros del Poder Judicial.