Una moción que busca regular el mercado de servicios fúnebres y los cementerios, fue presentada en la Cámara de Diputadas y Diputados, proponiendo fijar precios máximos en este mercado.
De acuerdo al proyecto, que se encuentra en su primera etapa, nuestro ordenamiento jurídico regula estos servicios desde una perspectiva sanitaria y en el Reglamento General de Cementerios, dejando de lado los temas de orden económico sin considerar que se trata de servicios esenciales.
En el sentido se pretendería asegurar que se ofrezca una prestación que se cubra económicamente con el monto de la cuota mortuoria, obligar a los cementerios a consignar el nombre, apellido, y fechas de nacimiento y muerte de quienes cuyo cuerpo es inhumado en una fosa común; y prohibir a dichos cementerios modificar los términos, condiciones o modalidades de sus servicios en caso de demanda espontánea.
MODIFICACIONES AL CÓDIGO SANITARIO
Así, el proyecto propone modificaciones al Código Sanitario, entre los que se cuenta incorporar un nuevo artículo 136 bis: “Las Casas funerarias particulares tendrán la obligación de ofrecer, entre los diferentes servicios que ponen a disposición, uno que comprenda la provisión de una urna, ataúd, ánfora o cofre, y los servicios necesarios para la sepultación o incineración, transporte y traslado de cadáveres o de restos humanos, cuyo precio sea equivalente a la cuota mortuoria que dispone el artículo 88 del Decreto Ley 3500, que establece un nuevo sistema de pensiones. Las Casas Funerarias particulares tendrán la obligación de ofrecer de modo público y visible, y como primera opción, este servicio, sin perjuicio de los demás que puedan promocionar”.
También se propone agregar un nuevo artículo 137 ter al Código Sanitario con el siguiente texto: “Los cementerios particulares tendrán la obligación de publicar los términos, condiciones y modalidades de los servicios ofrecidos y respetarlos. Está prohibido que los cementerios particulares modifiquen los términos, condiciones y modalidades de sus servicios en razón de demanda espontánea”.
El proyecto pasó a la Comisión de Salud de la Cámara Baja para su discusión y posterior votación.
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