La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, por 103 votos a favor, siete en contra y 28 abstenciones, resolución que solicita al Presidente de la República que presente un proyecto de ley que otorgue una subvención equivalente a la que reciben los jardines Junji por alumno matriculado, a los establecimientos de educación parvularia privada que lo requieran, para ir en su ayuda mientras se extienda la emergencia sanitaria de Covid-19.
Según se explica en el documento impulsado por el diputado Rodrigo González (PPD), el objetivo es que dichos jardines -por razones económicas- no se vean en la necesidad de cerrar sus puertas, garantizando con ello, el acceso a la educación parvularia de niñas y niños, una vez que cese la pandemia.
Asimismo, se señala que, como consecuencia de la propagación del Covid-19, se ha visto perjudicado el funcionamiento normal de los jardines infantiles particulares, que viven un complejo escenario, pues ya llevan tres meses cerrados, situación que cada día se hace más crítica y que promueve que muchos de ellos consideren cerrar definitivamente, debido a la pérdida de matrículas.
Se resalta que dichos centros educativos han sido aliados del Estado en la formación de primera infancia y han ayudado a extender la cobertura de la educación inicial en nuestro país, además, de apoyar a las madres y los padres que no cuentan con familiares directos que puedan cuidar a sus hijos; al tiempo que dar empleo directo a cientos de profesionales, técnicos de la educación y de servicios.
El texto agrega que el 54.08% de los niños y niñas que asisten a los jardines infantiles particulares se encuentran hoy fuera del sistema de educación inicial, debido a que sus padres los han retirado. Por otra parte, se informa que el 36.25% de profesionales, técnicos y auxiliares que prestaban servicios en jardines infantiles particulares se encuentran cesantes (aproximadamente 1.111 personas en dos meses), lo que representa un tercio del total de trabajadores.
Por otra parte, el 83.5% de los jardines infantiles particulares se encuentran acogidos a la Ley de Protección al Empleo, situación que da cuenta del complejo escenario futuro que enfrentan los 19 mil trabajadores que prestan servicios en ellos.
Así, la resolución recoge las demandas de la agrupación nacional “Jardines Particulares Unidos” que pide al Gobierno medidas concretas para enfrentar la crisis y evitar el colapso definitivo de dichos establecimientos que, en su mayoría, pertenecen a emprendedores, comunidades de profesores o pequeñas empresas familiares que no han podido postular a créditos ni ayudas estatales.
MANIFESTACIÓN EN VALDIVIA
El pasado viernes, sostenedores de establecimientos privados se manifestaron con una caravana y posterior intervención en el centro de la capital regional, donde denunciaron un completo abandono del Gobierno.
Señalaron que, pese a haber sostenido reuniones de trabajo con personeros del gobierno local, no han tenido respuesta sus requerimientos. Más aún, indicaron que las instituciones de Gobierno fueron las "primeras en dejar de pagar una vez iniciada la pandemia".
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