En una resolución exenta la Superintendencia de Medio Ambiente multó a la Inmobiliaria Providencia a pagar 360 unidades tributarias anuales (217 millones de pesos) por infringir el nivel de presión sonora permitido en horario diurno, en la construcción de un edificio de diez pisos en el Parque Krahmer, afectando a más 2.000 personas.
Esta medida respondió a las denuncias interpuestas por los vecinos del sector, que después de muchas gestiones infructuosas fueron escuchados.
“Antes que comenzarán a construir nos reunimos con la empresa, quienes nos presentaron un panorama maravilloso en cuanto prevención, pero nunca cumplieron. La presión sonora era de 73 decibeles, aunque la norma decía que no puede exceder 55, y en momentos llegaba a 100. Todo esto generó efectos negativos en la población”, comentó Virginia Coronado, presidenta del Comité de Desarrollo Villa del Rey. Al no ver voluntad real para resolver el problema, asesorados por el diputado Patricio Rosas, denunciaron a la inmobiliaria Providencia, constructora del edificio.
Pese a estar contentas con la resolución los vecinos no están completamente satisfechos. “Sentimos que la Superintendencia se preocupaba más por mantener el trabajo de la inmobiliaria que por la salud de la gente. Les dieron muchos plazos, después le rebajaron la multa, recalificándolas de graves a leves”, agregó la dirigente.
Algo similar señala con el respecto al municipio. “El año pasado algunos vecinos, acompañados por el diputado Rosas, se reunieron con la Dirección de Obras de la Municipalidad, quedamos de acuerdo en hacer una Mesa de trabajo, que nunca se ejecutó. Tampoco hubo voluntad de la Municipalidad para colaborar con nosotros, como vecinos”, señaló.
“Esto es un triunfo de los vecinos del Parque Krahmer, que han sufrido mucho por esta construcción. Esperamos que este dictamen sea un precedente en el trato de las empresas en general, y las inmobiliarias en particular, con la comunidad. También esto es un llamado de atención a las autoridades, tanto regionales como municipales, que no dieron respuesta oportuna a las demandas de la ciudadanía”, comentó el diputado Patricio Rosas.
Ahora la empresa dispone de 15 días hábiles para apelar al dictamen de la Superintendencia, que ha generado una de las mayores multas por contaminación ambiental, que se han cursado en el país.
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