Chile y la lucha contra la corrupción, medidas implementadas para combatirla

El país presume de ser uno de los menos afectados por este flagelo de Hispanoamérica, pero quiere pelear para acabar con toda corruptela.

La corrupción es algo que afecta a numerosos países del mundo entero. De hecho, la lista es tan larga que lo más cómodo a la hora de reducir la cantidad a nombrar es pensar en aquellos donde no la hay. Los organismos gubernamentales de muchas naciones siempre tienen detrás algún borrón en el historial del que prefieren no hablar demasiado, pero que suele traer serios problemas al desarrollo de sus países.

Chile es, precisamente, uno de los territorios donde esta ha cobrado especial protagonismo por la lucha de los últimos años. A pesar de las medidas contra la corrupción impuestas en el año 2015, el país sigue teniendo un índice de personalidades corruptas que debe ser erradicado, y eso que se encuentra entre los países menos corruptos de Hispanoamérica.

Actualmente, Chile ocupa el puesto 26 en el ránking de países corruptos de este fragmento del mundo. Dentro de esta lista, encabezada por Venezuela, tiene un total de 67 puntos, lejos de los 18 que posee la nación en cabeza. Un lugar al que ha llegado gracias a las medidas realizadas durante la última década, reforzadas en 2015 gracias a la reforma impulsada por Michelle Bachelet.

En este terreno, la mandataria marcó un total de 11 líneas a seguir que tenían como denominador común el abandono de cualquier cargo público en el momento en el que hubiera atisbo de estar involucrado en un caso de corrupción. Con un rendimiento bastante notorio, ahora se está buscando apretar aún más en este terreno con 8 nuevas medidas anticorrupción surgidas a través de una alianza realizada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Contraloría General de la República.

Las 8 propuestas anticorrupción de Chile

El punto de partida de este octeto es evitar la existencia de “puertas giratorias” dentro del sector público. Muchos cargos, al abandonar su puesto, han encontrado sitios privilegiados en empresas con las que han alimentado su sueldo gracias a otros pactos realizados previamente en su favor.

Junto a esta medida inicial, otra de las destacables es mejorar la seguridad y protección de los denunciantes para evitar cualquier posible represalia, fijar un sistema de concurso público con el que se eviten las citadas puertas, añadir una serie de normas relacionadas con la recuperación de activos, difundir un código de ética y un sistema de integridad a cumplir a rajatabla por los mandatarios, ampliar las competencias del Tribunal de Contratación Pública y reforzar su capacidad sancionadora y de control y extender la propuesta de ChileCompra.

Con estas ocho medidas trasladadas al gobierno se pretende acabar de una vez con cualquier atisbo de corrupción que pueda haber en un sector donde la moral y los valores deben prevalecer. Por su parte, el Ejecutivo planea mandar parte de estas medidas durante el mes de julio para ponerlas en marcha junto a otras iniciativas en las que se están trabajando desde La Moneda y cuyo fin es atacar directamente a tres focos: la agenda anticorrupción, la mejora de los sistemas de transparencia y una política de datos abiertos.

Las medidas de corrupción actuales

Fue en 2015 cuando se presentó y se llevó a trámite la actual política anticorrupción de Chile. Con la firma de Michelle Bachelet, se promovieron un total de 11 acciones concretas con las que intentar combatir una enfermedad que, de no pelearse, puede llegar a afectar seriamente al desarrollo de un país.

Así, la mandataria estableció en su momento que el Estado sería el único responsable y encargado de financiar a los partidos políticos (dejando fuera las aportaciones de empresas y los intereses), que el servicio electoral tuviera una mayor independencia a la hora de realizar sus funciones fiscales y sancionar en caso de incumplimiento de leyes, que los regalos de campaña se considerarían como cohecho, un mayor control a las listas de militantes de los partidos, la pérdida de capacidad para ejercer cargo público para cualquier político acusado de corrupto y un largo etcétera que ha mostrado un buen desempeño en los últimos años.

También le siguen una transparencia total, un aumento de exigencia a cualquier funcionario, la sanción a quienes hagan facturas falsas, la creación de una nueva fiscalía y otras iniciativas con buenos resultados; pero que necesitan un mayor avance para seguir limpiando todo el sector público.

Chile puede presumir de tener una tasa de corrupción bastante reducida, pero su meta es seguir avanzando para extirparla completamente. Debido a esto, siguen ideando nuevas estrategias y poniendo en marcha más y más movimientos con los que conseguir ese ansiado resultado. Ahora, está por ver qué ocurre con las nuevas iniciativas y si logran traer unas consecuencias positivas para esta lucha contra las corruptelas del país.