La Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió que un hombre de 40 años de edad, a quien la Fiscalía Local de La Unión formalizó el pasado lunes 22 de mayo como autor de los delitos de secuestro y violación tentada contra una escolar, deberá permanecer en prisión preventiva por considerar que su libertad constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad.
El tribunal de alzada acogió la solicitud realizada en la audiencia por el fiscal jefe de La Unión, Raúl Suárez Pinilla, y revocó la decisión adoptada por el Juzgado de Garantía de esa comuna, que en la audiencia de formalización de la investigación había resuelto dejar sin medidas cautelares al imputado.
“Las Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia estimó que, tal como nosotros lo señalábamos, la libertad del imputado constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, atendidos los antecedentes contenidos en la carpeta de investigación”, señaló el fiscal del Ministerio Público.
La Fiscalía comunicó el lunes al imputado Andrés Teobaldo Soto Verdejo que se le investiga como autor de los delitos de secuestro y violación tentada contra una adolescente de 17 años, estudiante de enseñanza media de un liceo de esa comuna.
LE OFRECIÓ LLEVARLA
Según relató el fiscal Raúl Suárez en la audiencia de formalización, los hechos ocurrieron el pasado 3 de mayo, cuando el imputado interceptó a la víctima que transitaba por la ruta T-790 de la comuna de La Unión en dirección hacia el liceo donde estudia. Le ofreció llevarla bajo engaño y una vez que la víctima subió a bordo, el imputado no paró frente al colegio, sino que siguió de largo, no obstante los requerimientos de la víctima para bajarse.
El fiscal agregó que “transcurrido un kilómetro, el imputado detuvo la marcha y se estacionó a un costado de la ruta, bajando a la víctima con violencia, oprimiéndole el cuello con su brazo, y posteriormente le baja los pantalones y la ropa interior. La víctima logró pedir ayuda gritando, lo que hizo que salieran terceros al lugar y que el imputado huyera”.
La Fiscalía tiene un plazo judicial de 60 días para realizar la investigación de estos hechos.
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