Municipalidad de Paillaco deberá pagar indemnización por despido injustificado de ex funcionario de salud

Tribunal descartó denuncia por vulneración de derechos y demanda por daño moral

La Municipalidad de Paillaco deberá cancelar una suma cercana a $5 millones por despido injustificado, al ex funcionario administrativo del Cesfam Lautaro Caro Ríos, Alejandro Ceballos, quien en mayo de 2014 sufrió un accidente cerebro vascular que le dejó como consecuencias una importante pérdida de la visión izquierda y una disminución de su rendimiento intelectual.

Ceballos presentó en julio de este año una denuncia por vulneración de derechos fundamentales, patrocinada por el abogado Jaime Gallardo, luego de que su contrato por prestación de servicios no fuera renovado. La denuncia de tutela contemplaba también una demanda por despido injustificado, la nulidad del despido y el cobro de prestaciones y otra demanda por daño moral (Ver noticia).

FALLO

El Tribunal falló esta semana, rechazando la denuncia de tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido y la demanda por daño moral; sin embargo, acató la demanda de nulidad del despido, despido injustificado y cobro de prestaciones laborales.

Por lo tanto, el municipio se verá en la obligación de cancelar la indemnización por años de servicios aumentada en un 50%, la indemnización sustitutiva por falta de aviso previo, las remuneraciones devengadas desde el 4 de mayo de 2015 hasta la fecha de convalidación del despido, el pago de indemnización del feriado legal y proporcional y el pago de cotizaciones previsionales correspondientes a todo el periodo trabajado, lo que sumaría alrededor de $5 millones.

IMPRESIONES DE LA SENTENCIA

El director del Departamento de Salud, César Durán, explicó que el ex funcionario tuvo varios contratos a honorarios, por un periodo de poco más de un año y, que una vez finalizado el plazo del último contrato, no se procedió a requerir nuevamente de sus servicios.

“El Tribunal estimó que al haber una segunda renovación de un contrato a plazo fijo, pasa a ser indefinido y comienza a regirse por el Código del Trabajo. Esto es parte de un cambio en la legislación que obligó a que se modifique la institucionalidad y que en el caso del Departamento de Salud, significó que, hace un par de meses, pasáramos a todos los funcionarios a honorarios a la modalidad a contrata”, explicó Durán.

Al respecto, en la edición de este domingo del DiarioAustral, el demandante señaló que se hizo justicia. “Esperaba que me hubiesen dado la tutela, pero igual estoy contento. Actualmente, me encuentro sin trabajo y con deudas. Por lo tanto, la indemnización igual me ayuda”, expresó Ceballos.

Por su parte, el abogado Gallardo, en Radio Biobío, señaló que evaluará solicitar un recurso de nulidad, por considerar que la vulneración de derechos está debidamente justificada y, a su vez, el municipio, no descarta acudir a la Corte de Apelaciones para revertir la sentencia.